Con 116 votos a favor, el pleno del Senado de la República de México aprobó por unanimidad una reforma constitucional que busca limitar las pensiones y jubilaciones millonarias pagadas con recursos públicos a exfuncionarios.
La modificación al Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún servidor público podrá recibir ingresos superiores a los del titular del Poder Ejecutivo federal. Asimismo, fija que las pensiones del personal de confianza en organismos públicos y empresas estatales no podrán rebasar la mitad del salario presidencial.
El dictamen forma parte de la agenda de austeridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reducir beneficios considerados excesivos dentro de la administración pública.
De acuerdo con estimaciones presentadas durante la discusión legislativa, la reforma podría generar ahorros cercanos a 5 mil millones de pesos al año, al recortar pensiones elevadas que actualmente reciben algunos exfuncionarios de organismos públicos y empresas del Estado.
Durante la sesión, legisladores de oposición de Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano presentaron diversas reservas al proyecto; sin embargo, estas fueron rechazadas con 109 votospor la mayoría integrada por Morena y sus aliados, por lo que el dictamen se mantuvo sin modificaciones.
La iniciativa había sido aprobada previamente por unanimidad en comisiones del Senado, donde obtuvo 32 votos a favor. Durante esa etapa se discutieron alternativas para establecer el límite salarial mediante Unidades de Medida y Actualización (UMAs), así como observaciones sobre la forma en que la reforma podría aplicarse en instituciones como el Poder Judicial o las Fuerzas Armadas.
En el debate también se mencionaron casos de pensiones elevadas otorgadas a exfuncionarios de entidades públicas como Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos y Nacional Financiera, donde algunos beneficiarios han llegado a recibir hasta medio millón de pesos mensuales, muy por encima del promedio nacional.
Como ejemplo, legisladores recordaron que en 2019 once exdirectivos de Nacional Financiera recibieron 22 millones de pesos en conjunto, además de prerrogativas cercanas a 2 millones de pesos anuales, lo que a lo largo de su retiro ha representado 337 millones de pesos en beneficios.
Tras su aprobación en el Senado, el dictamen será enviado a la Cámara de Diputados de México, donde continuará su proceso legislativo para su eventual aprobación definitiva y posterior promulgación
