El Senado de la República, con votos de las bancadas de la «Cuarta Transformación», avaló en _fast track_ la reforma a la Ley de Amparo con la redacción modificada por la Cámara de Diputados. Cabe resaltar que solo habían pasado algunas horas desde que el dictamen había sido turnado desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, tras una maratónica sesión.
Durante la tarde, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, consultó a la asamblea si autorizaba que la reforma a la Ley de Amparo fuera considerada de urgente resolución y se pusiera a discusión en lo inmediato. Argumentó que esto era viable dado que las disposiciones del decreto habían sido ampliamente debatidas y valoradas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como por la opinión pública.
81 legisladoras y legisladores votaron a favor y 31 en contra, dando paso así al debate; ante ello, el emecista Clemente Castañeda presentó una moción suspensiva. Al respecto, se quejó de que la nueva redacción asegure que se trata de una «ley procesal», sosteniendo que en realidad es una ley sustantiva. Indicó que la reforma vulnera derechos porque definir el «interés legítimo» trastoca avances en materia jurisprudencial, interpretativa y progresiva. Sin embargo, la mayoría legislativa rechazó su recurso y continuó la discusión.
El debate estuvo centrado principalmente en el Artículo tercero transitorio, mismo que la Cámara de Diputados redactó de la siguiente manera:
“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que se hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este decreto sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”
La senadora priista Carolina Viggiano Austria expresó que esta ley dará «más poder al poder» y menos justicia a los ciudadanos, dado que aumentan los supuestos para impedir la suspensión. A la par, acusó al oficialismo de no confiar en «su Poder Judicial» para que valore por sí mismo en qué casos en específico está el «interés legítimo»; en tanto, acusó que la inclusión nuevamente de la retroactividad es para cobrar créditos fiscales para obtener más recursos y advirtió que 190 mil de casi 200 mil que se exigirían son de microempresas.
Por su parte, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que el dictamen contenía una retroactividad simulada, maquillada y negada. No obstante, afirmó que la debilitación de la suspensión del acto reclamado es la afectación más grave de la reforma, pues esta es una medida cautelar para evitar que un acto de autoridad cause un daño irreparable al quejoso en tanto se resuelve el fondo del juicio.
Mientras tanto, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador morenista que incluyó primeramente la redacción relativa a la retroactividad de ley, aseguró que esta nueva redacción del artículo transitorio la borra por completo y salvaguarda derechos adquiridos, manteniendo lo que él buscaba desde el inicio con su propuesta. En tanto, sostuvo que se estaba adecuando la ley para hacer del amparo una protección a la persona frente a la arbitrariedad, no para proteger a los poderosos del cumplimiento de la ley.
«No exagero al decir que más de 2 mil 400 amparos directos y mil 600 indirectos, y más de 600 acciones adicionales fueron promovidas por un solo contribuyente con el fin de evadir el pago de impuestos. ¿Qué significa esto? Que el dinero del pueblo, el que debería destinarse a escuelas, hospitales, caminos, pensiones, tragedias como las que vive hoy el pueblo, por las emergencias, fue secuestrado por unos cuantos que confunden su riqueza con impunidad», pronunció el político veracruzano.
El proyecto fue avalado en lo general con 83 votos a favor, 38 en contra y 0 abstenciones. Mientras tanto, se emitieron en lo particular 81 votos a favor, 37 en contra y 0 abstenciones. Ante ello, pasó el proyecto al Poder Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
