El secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, dirigió un documento oficial a la fiscal Idamis Pastor Betancourt este 3 de julio, en el que pidió evaluar la posibilidad legal de que Romero Camacho continuara su proceso judicial desde su domicilio. Y horas más tarde, esto se hizo realidad.
La solicitud también incluyó un llamado a revisar la carpeta de investigación y el contexto del caso, dadas las implicaciones sociales y de derechos humanos.
La intervención institucional se dio un día después de que el activista fuera ingresado al penal de San Pedro Cholula, donde estaba vinculado a proceso por su presunta participación en los hechos ocurridos el 28 de mayo.
Ese día, un grupo de pobladores irrumpió en un predio donde la empresa Agua de Puebla desarrollaba trabajos de instalación de tubería, acción que derivó en denuncias por despojo y daños en propiedad ajena.
El activista fue detenido el 1 de julio, en cumplimiento de una orden judicial vinculada a la causa penal 325/2025/Cholula, situación que generó pronunciamientos de colectivos sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos que consideraron que la acción legal en su contra respondía más a su activismo que a delitos comprobables.
No obstante, el gobernador Alejandro Armenta dejó claro de inmediato que se trató únicamente de un tema entre particulares, toda vez que la denuncia fue interpuesta por Agua de Puebla, más no por el Ejecutivo.
Este jueves, después de pasar dos días en el penal de San Pedro Cholula, el activista recuperó su libertad, aunque deberá seguir enfrentando un proceso judicial por los hechos ocurridos en San Miguel Xoxtla.
Los delitos que se le imputan son despojo agravado y daño en propiedad ajena, tras su participación en una protesta contra trabajos de infraestructura del SOAPAP en Xoxtla, donde, junto a otras personas, irrumpió en un predio en el que se instalaba infraestructura hídrica a cargo de la concesionaria.
Agua de Puebla, la empresa involucrada en el conflicto, emitió un posicionamiento en el que se dijo comprometida con el respeto al debido proceso y a las resoluciones del Poder Judicial.
La compañía aseguró que mantendrá su participación legal en las diligencias derivadas del incidente del 28 de mayo, cuando se registraron daños a su infraestructura y personal en San Miguel Xoxtla.
“Agua de Puebla mantiene activa su participación en este proceso y confía en que las autoridades resolverán conforme a derecho los hechos ocurridos el pasado 28 de mayo, cuando personal e instalaciones de esta empresa fueron objeto de agresiones y daños materiales en el municipio de San Miguel Xoxtla”, señalaron en un comunicado.
