El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó diversas reformas constitucionales y legales aprobadas en los estados de Nayarit, Durango y Guerrero relacionadas con la elección judicial por voto popular prevista para 2027, al considerar que no se ajustan al marco federal vigente.
La resolución, aprobada el lunes 23 de marzo, determinó que las modificaciones estatales contravienen la reforma judicial federal de 2024, al incluir disposiciones que rompen con los criterios nacionales establecidos para la designación de jueces, magistrados y ministros mediante voto ciudadano.
Entre los puntos invalidados, la Corte destacó la creación de un Comité Estatal Único para evaluar candidaturas —cuando deben existir comités por cada poder—, la omisión de mecanismos obligatorios como la insaculación (sorteo) y la paridad de género, así como la duración inadecuada de cargos en órganos como el Tribunal de Disciplina Judicial. También se anularon reglas sobre sesiones privadas en tribunales superiores y mecanismos especiales para designar presidencias en 2027.
El fallo responde a acciones de inconstitucionalidad promovidas por el Poder Ejecutivo federal y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González.
Con esta decisión, la SCJN no frena la elección judicial de 2027, pero sí establece criterios obligatorios para todo el país, lo que obliga a los congresos locales a armonizar sus leyes y evitar interpretaciones dispares que contradigan la Constitución.
El fallo sienta un precedente clave de cara a los comicios judiciales de junio de 2027, al reforzar la necesidad de un proceso uniforme, con reglas claras y equidad de género, en uno de los cambios más relevantes del sistema judicial mexicano en décadas.
