La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra como secretario de Estudios y Cuenta en la ponencia del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz. Con ello, se cierra una etapa de casi once años en los que el abogado se convirtió en la voz jurídica de las madres y los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014. El anuncio fue publicado en el portal institucional de la Corte y difundido entre los canales oficiales de comunicación interna, donde se especifica que Rosales percibirá un salario neto mensual de 118 mil 138 pesos, además de prestaciones como seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores y prima vacacional.
Rosales, originario de Guerrero, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero. Desde 1999 se integró al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización emblemática de la defensa de comunidades indígenas en la región más pobre del estado. Ahí litigó casos de agresiones contra defensores del agua y de la tierra, ejecuciones extrajudiciales, hostigamiento a líderes comunitarios y violaciones a derechos colectivos. Su renuncia, presentada el 20 de agosto pasado, fue aceptada por la asamblea del Centro después de 24 años de servicio ininterrumpido.
El nuevo encargo implica responsabilidades de gran calado. Los secretarios de Estudios y Cuenta son los encargados de revisar los asuntos que se turnan a cada ponencia, elaborar proyectos de resolución y asesorar directamente a los ministros. Con la reciente reforma judicial, el presidente de la SCJN dejó de tener funciones administrativas sobre el resto del Poder Judicial Federal, por lo que su ponencia debe resolver controversias como cualquier otra. Es ahí donde Rosales ocupará un papel central, con acceso directo a la elaboración de criterios que pueden incidir en la vida pública del país.
El nombramiento ha generado distintas reacciones. En círculos jurídicos se reconoce la experiencia de Rosales en materia de derechos humanos y litigio estratégico. Para Tlachinollan, su salida representa la partida de uno de los abogados más emblemáticos de su historia, pero también el reconocimiento de que la lucha por la justicia puede extenderse al terreno institucional. Entre los familiares de Ayotzinapa, la noticia se recibió con sentimientos encontrados: mientras algunos expresaron gratitud por la década de acompañamiento, otros señalaron que aún quedan pendientes de verdad y justicia que no pueden darse por concluidos.
El propio Rosales había declarado, en semanas recientes, que su salida obedecía a la necesidad de abrir nuevos caminos y contribuir desde otros espacios. “El ciclo en Tlachinollan se cerró. Ahora hay que mirar cómo incidir en la transformación institucional del país”, dijo en un comunicado. Sus palabras se leen ahora como una antesala de su integración al máximo tribunal constitucional.
La trayectoria del abogado guerrerense ha estado marcada por su cercanía con comunidades marginadas. A lo largo de más de dos décadas caminó veredas en la Montaña, se internó en poblados sin caminos pavimentados y acompañó procesos colectivos en los que la defensa legal era inseparable del tejido social. Ese bagaje lo convierte en un perfil atípico en el entorno de la SCJN, donde predominan juristas de carrera judicial o académica, poco habituados a la defensa comunitaria.
Para la Corte, la llegada de Rosales coincide con un proceso de ajustes internos tras la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que modificó atribuciones del Consejo de la Judicatura y de la Presidencia. La ponencia de Hugo Aguilar Ortiz se convierte así en un espacio de especial relevancia, no solo por la figura del ministro presidente, sino porque deberá resolver asuntos de constitucionalidad que marcarán la agenda inmediata del país. Entre esos casos se encuentran recursos en materia de seguridad pública, distribución presupuestal y reformas legislativas.
Con este movimiento, la historia de Ayotzinapa entra en una nueva fase. Si bien Rosales deja de ser el representante legal de las familias, su experiencia y conocimiento del caso podrían influir en futuros debates dentro del Poder Judicial. Para quienes acompañaron la lucha desde las calles, la designación es un recordatorio de que los caminos de la justicia son múltiples y a menudo se cruzan entre lo comunitario y lo institucional.
El edificio de mármol de Pino Suárez, sede de la SCJN, será ahora el espacio cotidiano de Rosales. Ahí, entre expedientes, proyectos de sentencia y deliberaciones jurídicas, el abogado que durante más de una década se enfrentó al poder estatal desde la trinchera de los derechos humanos comenzará una etapa distinta, marcada por la formalidad del máximo tribunal y la expectativa de cómo su voz contribuirá a las decisiones que afectan a toda la nación.
