El 19 de marzo de 2026, un operativo federal encabezado por la Secretaría de Marina en la comunidad de El Álamo, sindicatura de El Salado, al sur de Culiacán, Sinaloa, derivó en la retención momentánea de Mónica del Rosario Zambada Niebla, identificada como hija de Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con reportes oficiales, la intervención incluyó despliegue terrestre y aéreo desde las primeras horas del día, con el objetivo de desarticular una célula delictiva vinculada a la facción conocida como “Los Mayos”. Durante las acciones, las fuerzas federales localizaron a la mujer en un inmueble intervenido y procedieron a resguardarla de manera temporal, incluso trasladándola en helicóptero junto con otros involucrados para verificar su situación jurídica.
Horas más tarde, autoridades confirmaron su liberación al no existir orden de aprehensión en su contra, ni en México ni en Estados Unidos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, precisó que la retención se realizó únicamente para garantizar la seguridad de los presentes y corroborar antecedentes legales, sin que se acreditara participación en actividades ilícitas.
El operativo dejó un saldo de 11 presuntos delincuentes abatidos tras enfrentamientos con fuerzas federales, así como la detención de al menos un integrante clave de la organización criminal. También se aseguraron armas, equipo táctico y diversos indicios.
Mónica Zambada, nacida en Culiacán en 1980, ha sido señalada en el pasado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos financieros con el narcotráfico; sin embargo, no enfrenta cargos formales vigentes. Su presencia en el lugar generó controversia y reacciones en redes sociales, donde se cuestionó la rapidez de su liberación.
El caso evidencia la complejidad de los operativos en regiones con fuerte presencia del crimen organizado, donde la línea entre objetivos criminales y civiles relacionados puede resultar difusa. Mientras tanto, las autoridades reiteraron que todas las actuaciones se realizaron conforme a la ley y bajo protocolos de respeto a los derechos humanos.
