Los integrantes del Cabildo de San Pedro Cholula cerraron filas con la alcaldesa Tonantzin Fernández Díaz, al iniciar el procedimiento para que el Congreso del Estado investigue y destituya al síndico Iván Cuautle Minutti, sobre quien pesan sospechas de operar la pérdida de juicios contra el Ayuntamiento a cambio de moches, así como su inexplicable postura de negarse a presentar denuncias penales por la irrupción de un comando armado al mercado Cosme del Razo el pasado 8 de julio.
En contraparte, Cuautle Minutti denunció que el inicio del procedimiento en su contra se hizo a puerta cerrada y se le negó el acceso sin una explicación.
Sorprendido por la medida, aprovechó para arremeter contra la gestión morenista, al advertir que se trata de una persecución política al negarse a evaluar una serie de irregularidades, como la invasión de vendedores ambulantes y un presunto desfalco de 9.5 millones de pesos reportados en los Estados Financieros.
“El acceso a la mesa de trabajo fue cerrada deliberadamente por el personal de Presidencia, esto no puede permitirse por el capricho de una persona, realiza estos actos tan infantiles como bloquear el acceso a una autoridad que de forma pacífica viene a presentarse a una mesa de trabajo”, dijo en una transmisión en su cuenta de facebook.
Pero su rabieta no impidió que el Cabildo cholulteca aprobara la noche de este martes, por mayoría (11 votos a favor, 2 abstenciones) enviar al Congreso del Estado una solicitud para investigar su actuar y determinar si hay elementos para iniciar un proceso de revocación de mandato.
No obstante, fuentes cercanas a Desde la Silla señalaron que el procedimiento iniciado por el Cabildo de San Pedro Cholula para solicitar la revocación de mandato del síndico podría presentar inconsistencias jurídicas, ya que, si bien existen señalamientos por presuntos actos de corrupción y omisiones graves, hasta el momento el Órgano Interno de Control (OIC) no ha emitido una resolución definitiva que acredite su responsabilidad administrativa.
Desde esta perspectiva, la petición enviada al Congreso del Estado podría carecer de sustento legal, al no haberse agotado previamente el procedimiento administrativo correspondiente, en otras palabras, se estaría adelantando una medida política como es la revocación del mandato, sin que exista un dictamen oficial que confirme las faltas atribuidas al funcionario.
Conforme al artículo 14 de la Constitución, toda persona goza del principio de presunción de inocencia, lo que impide imponer sanciones sin pruebas firmes que respalden una conducta irregular.
Es por ello que, aunque Cuautle Minutti podría ser separado del cargo de forma temporal como medida precautoria, ello únicamente sería posible si el OIC lo dictamina como necesario para evitar que interfiera en el desarrollo de la investigación o influya en testimonios y documentos.
La medida, sin embargo, no constituye una sanción ni prejuzga sobre su culpabilidad y el Congreso del Estado no tiene además competencia para establecer responsabilidades administrativas, ya que estas corresponden a órganos fiscalizadores como el propio OIC o la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Pese a este argumento legal, el coordinador de la bancada del PT, José Luis Figueroa, anticipó que el tema podría derivar en una sesión extraordinaria, aunque reconoció que hasta el momento el Legislativo aún no ha recibido formalmente el documento aprobado por el Cabildo cholulteca.
“El asunto requiere atención puntual. Estamos preparados para sesionar de manera extraordinaria si es necesario emitir una resolución. El tema será revisado primero en la Comisión Permanente, posteriormente pasará a comisiones, y finalmente podría discutirse en una sesión extraordinaria del Pleno”.
Síndico lanza ofensiva
Después de que el Cabildo aprobó dar el primer paso para ir por su separación del cargo, Iván Cuautle respondió con una ofensiva legal. Primero, se deslindó de los hechos que motivaron su petición de destitución, y después, denunció presuntos sobornos, uso indebido de recursos públicos y una campaña negra orquestada desde la propia Presidencia municipal.
Durante su visita al Congreso del Estado este miércoles, a la que aseguró haber asistido como invitado a un foro y no para cabildear su permanencia en el cargo, Cuautle Minutti anunció que presentará una serie de denuncias penales contra servidores públicos del Ayuntamiento, incluida una particularmente delicada contra el contralor municipal Gerardo Guzmán, por obstrucción de funciones y presuntos desfalcos.
En su arrebato de declaraciones, Cuautle acusó a la alcaldesa Tonantzin Fernández de liderar una estrategia para forzar su salida, mediante supuestos pagos de favores a regidores, como comidas cubiertas con recursos públicos y descuentos indebidos en permisos municipales.
El regidor Roberto Morán fue señalado directamente como uno de los beneficiarios con presuntos descuentos en permisos de Desarrollo Urbano, aunque, de momento, no se han presentado pruebas documentales que respalden la acusación.
“Hay una campaña de medios en mi contra para lograr lo que ahora han avanzado. A algunos de los regidores les paga (la alcaldesa) sus comidas, o le piden favores de descuentos como el regidor Roberto Morán, además, hay una serie de cosas que están mal en este Ayuntamiento y cosas que ella hace como sellar mis oficinas o quitarme la luz”.
Por otro lado, criticó que la alcaldesa presuntamente otorgó audífonos Airpod Max a estudiantes graduados de secundaria de alrededor de 15 años, cuando consideró que hay otras prioridades en el municipio como la atención a los baches.
No obstante, reconoció que no presentaría una denuncia formal contra Tonantzin Fernández, al señalar que no encuentra con las suficientes pruebas legales para demostrar su presunta operación para asediarlo.
Más allá de los señalamientos personales, Iván Cuautle advirtió que identificó un déficit fiscal de al menos 9.5 millones de pesos en los últimos Estados Financieros, pero aseguró que dicha responsabilidad no puede atribuírsele directamente, pues la Sindicatura no dispone de presupuesto para enfrentar pasivos legales de esa magnitud.
Además, alertó sobre el riesgo de que San Pedro Cholula pierda su categoría de Pueblo Mágico, ante el descontrol del comercio informal en el Centro Histórico, que según sus palabras, evidencia un vacío de autoridad.
El síndico aseguró que no se doblegará ante lo que calificó como una venganza política por haberse negado a ser cómplice de irregularidades al interior del gobierno municipal.
Además, adelantó que acudirá al Órgano Interno de Control y otras instancias para defenderse del procedimiento iniciado en su contra, al tiempo que reiteró su intención de entregar pruebas ante el Congreso del Estado.
“Los comerciantes hubieran dicho ‘tú eres el que me debe el dinero’, y al contrario, por quien fueron fue por el exdirector de Normatividad, entonces yo entiendo que estorbo porque estoy asumiendo una postura honesta dentro de ese gobierno y eso es algo que se contrapone totalmente, en el sentido de que han tenido déficits fiscales de 9.5 millones de pesos que evidentemente no se hizo público”.
Alcaldesa reúne a locatarios
Comerciantes del Mercado Cosme del Razo acudieron este miércoles a la presidencia municipal de San Pedro Cholula para entregar de forma oficial el pliego petitorio que fue acordado durante la mesa de trabajo celebrada el pasado lunes 21 de julio.
El documento fue recibido por el secretario de Gobernación, Carlos Carrillo, quien también presentó un paquete de compromisos asumidos por el Gobierno municipal, entre ellos la instalación inmediata de cámaras de videovigilancia y sistemas DVR.
“Ambos documentos fueron leídos y firmados en un ejercicio de apertura y transparencia, con el compromiso de mantener el diálogo abierto y dar seguimiento puntual a cada uno de los acuerdos. Además, hoy mismo arrancamos con la instalación de cámaras y DVR para reforzar la seguridad en el mercado, una de las principales solicitudes de las y los comerciantes. Seguiremos trabajando con responsabilidad y cercanía por el bienestar de nuestras y nuestros comerciantes”, colocó Tonantzin Fernández en su cuenta de X.
Sindicatura dejó de operar
Al ser consultada sobre la posible separación del cargo del síndico, la alcaldesa Tonantzin Fernández marcó su distancia del funcionario, al asegurar que su gobierno no respalda actos fuera de la ley cometidos por dicho funcionario, cuya oficina permanece cerrada sin previo aviso ni autorización.
Lamentó que, tras haberse aprobado en Cabildo el punto de acuerdo para consultar al Congreso del Estado, si procede la suspensión o revocación de mandato del síndico, la Sindicatura haya dejado de operar, lo que calificó como un hecho preocupante, ya que los asuntos jurídicos del municipio no pueden quedar en pausa.
Tonantzin Fernández aseguró que la Contraloría Municipal ya inició una investigación formal no solo contra Iván Cuautle, sino contra todo el personal adscrito a la Sindicatura municipal, a fin de esclarecer posibles responsabilidades administrativas.
“No puede haber omisión por parte de las funciones. Hoy vemos que la Sindicatura está cerrada, eso verdaderamente nos preocupa porque hoy no se pueden parar los asuntos. Imagínense, ellos llevan todo legal, son los representantes jurídicos del Ayuntamiento entonces sí es algo preocupante, nosotros nos deslindamos de algún hecho de un servidor público”.
