Bajo el argumento de “regular la gestación asistida y la subrogación”, la diputada de Morena, Nayeli Salvatori, propuso legalizar la renta de úteros en Puebla. La magistrada Arely Reyes Teherán consideró que el Congreso del Estado debería discutir con mayor seriedad iniciativas de este tipo, pues podrían convertir la desigualdad en un modelo de negocio.
La gestación subrogada implica que una mujer, generalmente en situación de vulnerabilidad económica, es contratada para gestar un hijo que, al término del embarazo, será entregado a quienes pueden costear el procedimiento y satisfacer su deseo biológico de ser padres.
La diputada presentó el pasado 3 de julio ante el Pleno del Legislativo una iniciativa que busca regular esta práctica en la entidad. Sin embargo, la propuesta ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones feministas, juristas y activistas, quienes advierten sobre el riesgo de institucionalizar la explotación reproductiva de mujeres en contextos de pobreza.
Entre las voces más críticas está la de la magistrada Arely Reyes Teherán, quien acusó que la iniciativa fomenta una forma de servidumbre moderna, disfrazada de derecho reproductivo. En la red social X, señaló que la propuesta refleja una visión neoliberal que convierte el cuerpo femenino en mercancía y responde únicamente al poder adquisitivo de quienes pueden pagar por un hijo.
“Ninguna mujer rica paga a otra para que le geste un hijo. Son las mujeres pobres quienes se ven obligadas a rentarse”, subrayó Reyes Teherán.
La magistrada recordó que la subrogación ha sido prohibida en varios países europeos, no por conservadurismo, sino por razones éticas y de derechos humanos. En muchos casos, se considera una forma encubierta de trata de personas, donde los niños se convierten en objeto de transacciones comerciales y las mujeres pierden autonomía durante el embarazo.
“Hay países donde se han encontrado granjas de mujeres embarazadas para producir hijos y venderlos, como —y me duele la comparación— un criadero de perros”, advirtió.
Reyes Teherán criticó que la propuesta se elaboró sin conocimientos técnicos, sin consultar a personas expertas, sin diálogo con el feminismo y sin coherencia con los principios progresistas que Morena asegura representar. Asimismo, señaló que esta regulación responde al deseo de quienes pueden pagar por un hijo, sin considerar el contexto de desigualdad de las gestantes.
También cuestionó que la iniciativa ignore alternativas como fortalecer el sistema de adopciones, garantizar servicios de fertilidad accesibles y avanzar en igualdad para parejas no heterosexuales. Criticó, además, la validación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado a estas prácticas al equipararlas con técnicas de reproducción asistida, cuando, según dijo, en realidad se trata de la renta del cuerpo de una mujer.
“Un deseo —tener hijos— no es un derecho. Y legalizar esta práctica es legitimar la mercantilización del cuerpo de las mujeres”, concluyó.
Lo que plantea la iniciativa
La diputada busca adicionar el Capítulo IX Bis al Código Civil de Puebla y reformar la Ley Estatal de Salud para regular la gestación asistida y subrogada bajo un marco legal, médico y jurídico. La propuesta contempla dos modalidades:
Subrogada (uso de óvulos de la gestante).
Sustituta (uso de óvulos de la contratante).
Se argumenta que la ley busca garantizar derechos reproductivos y evitar prácticas clandestinas.
Aspectos positivos identificados
Intención de regulación sanitaria y legal: busca evitar la clandestinidad mediante controles médicos, jurídicos y contractuales.
Requisitos estrictos para las partes: condiciones médicas, psicológicas y sociales para gestantes; requisitos legales para los contratantes (nacionalidad mexicana, residencia, entre otros).
Supervisión judicial y notarial: los contratos deberán validarse ante notario y juez.
Participación de la Secretaría de Salud: para regular y supervisar los procesos.
Críticas principales
Mercantilización del cuerpo femenino: la práctica, aunque regulada, implicaría contratar el cuerpo de una mujer para gestar hijos ajenos.
Consentimiento en contextos de desigualdad: no se garantiza que las gestantes decidan sin presiones económicas.
Discriminación estructural: la iniciativa impone restricciones de edad y salud que podrían ser excluyentes.
Acceso limitado: se restringe a cónyuges, dejando fuera a solteras, parejas del mismo sexo y no casadas.
Inseguridad jurídica: al requerir adopción plena, se podrían generar conflictos sobre la filiación.
Nacionalismo reproductivo restrictivo: limita el acceso solo a mexicanos, excluyendo a migrantes o binacionales.
