La semana pasada salió a relucir la profunda división que existe al interior del PAN poblano entre la corriente que encabeza el morenovallista Mario Riestra Piña y la fracción que lidera Eduardo Rivera Pérez en la Organización Nacional del Yunque, a raíz de la aprobación de la Ley de Ciberseguridad.
Lo primero que debe saber es que esa diferencia no tiene ningún sustento en la defensa de los principios panistas ni en una preocupación social, sino que en esta convergen dos coyunturas.
La primera se trata lisa y llanamente de la consabida operación: salvar el pellejo, la cual será efectiva solo para el grupo que logre consolidarse como la mejor opción del gobierno y Morena rumbo a la elección intermedia de 2027; mientras que la segunda está íntimamente ligada con el ámbito nacional.
Vayamos por partes.
La semana pasada, vimos a la minúscula oposición panista montarse en el tema de la Ley de Ciberseguridad. La primera en llevar la batuta fue la diputada local, por la vía plurinominal, Susana Riestra Piña, quien se lanzó durísimo contra la iniciativa, a la que calificó como “Ley Censura”, una ley que “criminaliza la denuncia ciudadana” y es un arma para el “terrorismo social”.
Tanto en comisiones como en el pleno del Congreso del estado, la legisladora curiosamente evitó mencionar o ligar al gobernador Alejandro Armenta Mier con dicha ley, pero aprovechó para tundir a la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez.
Quitando de lado al PRI, que es una caricatura de oposición en Puebla, o al partido Movimiento Ciudadano, que ya no sabe cómo quitarse de encima los escándalos por darle candidaturas a presuntos delincuentes; prácticamente la discusión contra dicha norma fue encabezada por Susana Riestra y el panista Rafael Micalco Méndez.
Tras la aprobación de la ley, en que toda la fracción panista votó en contra, vino el funesto fin de semana, en que a través de granjas de bots, repartidas en 11 países de cuatro continentes, se sembró artificialmente la fake news de que en Puebla se había aprobado la #LeyCensura que daba al gobernador Alejandro Armenta la facultad de meter a la cárcel a quienes lo criticaran en redes sociales.
Ante el ataque, el mandatario estatal llamó el 15 de junio —dos días después de la aprobación— al Congreso del estado a realizar foros de discusión para socializar los alcances de la Ley de Ciberseguridad.
Pese a que el tema había escalado a nivel nacional, la dirigencia estatal del PAN emitió un desastroso comunicado en el que resaltó: “Las posturas de nuestras diputadas y nuestros diputados en el Congreso del estado fueron fundamentales para la socialización de la iniciativa y para que la gente contara con elementos técnicos del análisis y crítica propositiva”.
(Léase: Gracias a la diputada Susana Riestra, apoyada por Rafael Micalco).
Luego, vino el párrafo que generó la eclosión interna: “Reconocemos la voluntad del gobernador Alejandro Armenta Mier, al hacer el llamado a las y los integrantes de la LXII Legislatura para analizar en foros de consulta dicha reforma con el propósito de proteger los derechos humanos”.
No se sabe con precisión quién fue el autor de dicho documento, ya que el dirigente estatal del PAN se encontraba de viaje por España, pero existen sospechas de que el documento habría salido de la misma oficina de la legisladora panista y fue redactado por uno de sus asesores que hasta no hace mucho era fervoroso impulsor del proyecto político del morenista Ignacio Mier Velazco.
Lo que sí se sabe es que el 15 de junio, el Yunque hizo lo único que es capaz de hacer: montarse en el campo fértil que otros labraron. Ese día, la gente cercana a Eduardo Rivera se acordó de que eran parte de la oposición en Puebla y utilizaron las redes sociales para difundir mensajes contra la ley de marras.
Marcos Castro, exempleado de Rivera Pérez en el Comité Directivo Estatal y quien guardó un silencio sepulcral en la discusión, subió un video en el que sostenía que “la #LeyCiberasedio requiere mayor discusión y debate, su contenido ambiguo pone en riesgo su adecuada interpretación, y por lo tanto, probables violaciones a la libertad de expresión”.
A la par, anunciaba que apoyaría jurídicamente a todos aquellos ciudadanos que decidieran presentar un amparo contra la ley. (Hasta el cierre de esta edición no se había presentado ninguno).
La encargada de secundar la postura de Castro fue ni más ni menos que la expresidenta del Sistema Municipal DIF y diputada federal, por la vía plurinominal, Liliana Ortiz Pérez.
“Una ley que se aprueba sin análisis, sin diálogo y al vapor, es un retroceso para la democracia. Así es como Morena gobierna: imponiendo su mayoría sin escuchar, sin consensos y sin garantizar los derechos de todas y todos. Lo vimos con la Reforma Judicial y hoy se repite en Puebla con la #LeyCiberasedio, una iniciativa que pone en riesgo la libertad de expresión bajo el disfraz de combatir el acoso digital. ¡Sí a la protección, no a la censura!”, posteó en su cuenta de X.
De paso, los aliados de Eduardo Rivera y su candidato perdedor Felipe Velázquez aprovecharon para cobrar viejas cuentas con la dirigencia de Mario Riestra. Por ejemplo, Fernando Sarur posteó: “Como Consejero Nacional del PAN pinto mi raya ante la penosa sumisión de la dirigencia local. Esa lamentable postura no representa a la militancia de Puebla ni al panismo nacional. Urge que @JorgeRoHe tome cartas en el asunto”.
Oswaldo Jiménez fue uno más: “¿Es en serio? Está todo mal en el planteamiento que hace el gobernador. El parlamento abierto es previo a la aprobación, no después. Si está reculando es por la presión de organismos internacionales. Pero qué necesidad!!! Diría Juan Gabriel. #Terrible #LeyCiberCensura”.
Esas y otras publicaciones, sumado a la operación de yunquistas y sectores “ciudadanos” vinculados al PAN, dieron paso a que el Comité Ejecutivo Nacional del PAN emitiera un comunicado diametralmente opuesto a la dirigencia estatal, al exigir la derogación de “la ley que criminaliza la libertad de expresión en Puebla”.
El texto fue ampliamente celebrado. El mejor ejemplo fue el de la también yunquista Ana Teresa Aranda: “No podemos ni debemos minimizar el agravio ni ser complacientes con posturas ambiguas como la del @PANPuebla2427 que solo contribuyen a la confusión y nos desdibujan como la oposición responsable y seria que debemos ser. Bien por el CEN de @AccionNacional. No a la #LeyCensura!”
Con la estocada encima, la dirigencia estatal del PAN perdió cualquier campo de acción y, de inmediato, fue suplida por los yunquistas. Eso quedó de manifiesto el jueves 19 de junio, cuando la encargada de presentar la iniciativa para derogar el artículo referente al ciberasedio —la principal causa de encono de la legislación— por parte de la fracción panista en el Congreso local, fue Celia Bonaga Ruiz, exsecretaria de Eduardo Rivera Pérez y quien, al igual que Marcos Castro, nunca participó ni dijo pío en la discusión previa de la norma.
Ahora bien, regresemos al punto inicial de esta columna. ¿Por qué el repentino interés de los brazos operadores de Eduardo Rivera en acordarse de que son oposición, pese a que durante el momento más álgido en comisiones y la tribuna callaron como momias?
La respuesta podríamos encontrarla en dos puntos: la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la elección intermedia de 2027.
Actualmente, Eduardo Rivera tiene la soga en el cuello debido a que la ASE detectó anomalías financieras en las cuentas públicas 2022 y 2023 que suman, en conjunto, un total de mil 571 millones de pesos. Según los informes del organismo, las anomalías financieras de un año a otro crecieron 271.2 por ciento, pero lo grave no es solo el tamaño del monto observado, sino la reincidencia de patrones y nombres de empresas bajo escrutinio.
En esta coyuntura, la única salida que el exedil tendría sería alcanzar algún tipo de pacto político que lo libre eventualmente de la cárcel. Y es ahí donde la elección a la presidencia municipal de 2027 cobra sentido, ya que la carta del yunquismo en esa contienda es ni más ni menos que Celia Bonaga, a quien ya comenzaron a placear y darle reflectores, por lo que no le sorprenda que pronto tenga noticias de ella.
Bajo esta lógica, el yunque burocrático apostaría por ahondar en el descrédito de la actual dirigencia estatal y así presionar en el reparto de candidaturas, principalmente para la alcaldía de Puebla. Si es así, ¿qué mejor escenario tendría Morena y el gobierno del estado que una candidatura de oposición dispuesta a naufragar?
En el caso de los Riestra Piña, el comunicado emitido en pleno escándalo por la Ley de Ciberseguridad solo los exhibió de cuerpo completo en su incapacidad para ungirse como una oposición real.
Pero también existen dudas sobre las supuestas investigaciones contra el clan. Por ejemplo: el gobernador Alejandro Armenta Mier acaba de instruir la reactivación de las investigaciones judiciales que existen por las anomalías cometidas en la construcción y operación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), el Teleférico y el Museo Internacional del Barroco.
Y es justo en el tema del Museo Barroco en donde las cosas se complican para Mario Riestra, ya que dicho inmueble dependió durante el morenovallismo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla, un organismo adscrito al gobernador del estado, pero en el que participan como parte de su órgano de gobierno: las secretarías General de Gobierno, de Educación Pública, de Turismo, de Finanzas y Administración, así como de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico.
A la mitad del sexenio morenovallista, Patricia Vázquez del Mercado Herrera fue designada como titular de la SEP estatal. ¿Será que la reactivación de las investigaciones judiciales, mandatada por Alejandro Armenta, incluya a la exfuncionaria?
Las dudas sobre Mario Riestra se extienden a otro campo. El pasado 25 de febrero, el columnista Salvador García Soto difundió, en su columna Serpientes y Escaleras, que existe una investigación en contra de los hermanos Riestra Piña: Mario, el dirigente estatal del PAN; la diputada local, por la vía plurinominal, Susana; y Rodrigo, exsecretario de Desarrollo Rural estatal, por “exceso de propiedades e ingresos nunca aclarados”.
A los Riestra Piña les conviene también mantener algún pacto político que los salve de cualquier investigación. Hasta ahora, con el control de la dirigencia estatal, garantizarían su influencia en la designación de candidatos para la elección intermedia, y la capital es la joya de la corona.
Insisto: Si es así, ¿qué mejor escenario tendría Morena y el gobierno del estado que una candidatura de oposición dispuesta a naufragar?
Como podrá observar, la disputa interna en el PAN poblano tiene la mirada puesta en salvarse el pellejo, a través de una oposición dócil y una elección pactada.
El exhorto de la CNDH
La carta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigida al Congreso del Estado de Puebla es, sin duda, un mensaje político disfrazado de exhorto institucional. Aunque formalmente se limita a solicitar una revisión de la reforma sobre ciberacoso y ciberasedio, en realidad lanza una advertencia velada: si no se deroga o modifica el decreto, el organismo interpondrá una acción de inconstitucionalidad.
Este movimiento no es menor. Escala el tema a nivel nacional y lo sitúa en el centro de una tensión entre los poderes estatales y un órgano autónomo que, no olvidemos, desde la llegada de Rosario Piedra Ibarra (hija de la histórica activista Rosario Ibarra de Piedra) se ha convertido en el centro de desahogo de filas y fobias al interior de Morena.
En ese sentido, la postura de la CNDH responde a una lógica más amplia de presión política, ligada a los duros de Morena, la secta a la que realmente responde Rosario Piedra.
Lo realmente ridículo es ver al panismo poblano elogiar el actuar de la CNDH y exigir que se le tome en cuenta, cuando hace no mucho acusaban a su titular de ser lo peor que le había pasado a la Comisión, una figura impuesta y sin independencia real.
El problema es complejo: la reforma aprobada por el Congreso local, impulsada por una legítima preocupación por la violencia digital, ha enfrentado severas críticas por su pulcritud técnica, mientras que el panismo olvida que carece de la autoridad moral para exigir una revisión ante su oportunismo para intentar tomar a la ley como la panacea para salvar su pellejo.
Y, en medio de ellos, un sector radical que quiere sacar vil raja política.
