El caso conocido como la “Manada de Campeche” ha dado un giro procesal con la entrega voluntaria de Jorge “N.” y Yeshua “N.”, dos de los tres acusados de violación tumultuaria contra la estudiante de Derecho Susana Saravia. Ambos se presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) casi cinco meses después de que la víctima los señalara como presuntos responsables del ataque ocurrido el 31 de marzo. Su comparecencia se produjo en un contexto marcado por acusaciones de filtraciones, omisiones y posibles influencias políticas que, según la familia de la víctima, habrían frenado la ejecución de órdenes de aprehensión.
La FGE informó que la entrega voluntaria permitió dar cumplimiento a los mandamientos judiciales pendientes, y que los imputados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente. El comunicado oficial subrayó que el proceso se conducirá “conforme a los principios de legalidad, transparencia y respeto absoluto a los derechos de todas las partes”, una afirmación que contrasta con las denuncias de la madre de Susana, Liz Rodríguez, quien asegura que la investigación ha estado marcada por irregularidades graves.
Rodríguez ha señalado que las filtraciones de información desde el propio aparato de justicia habrían permitido a los prófugos eludir su captura durante más de un mes. Además, denunció intentos de soborno para que su hija desistiera de la denuncia, ofreciéndole dinero, un automóvil o incluso una vivienda. Estos hechos, sostiene, constituyen una forma de intimidación que busca debilitar el caso y favorecer a los acusados.
El primero de los imputados, Ángel “N.”, fue detenido en julio y vinculado a proceso. Sin embargo, las autoridades no han explicado por qué las órdenes de aprehensión contra los otros dos señalados no se ejecutaron de inmediato. Para colectivos feministas y especialistas en derecho penal, esta dilación pone en entredicho la capacidad del sistema de justicia estatal para actuar con celeridad en casos de violencia sexual.
Desde que se hizo pública la denuncia de Saravia el 30 de julio, otras siete mujeres han relatado agresiones similares que apuntan a un patrón de conducta dentro del mismo círculo social, integrado por al menos seis estudiantes de la Preparatoria Ermilo Sandoval Campos. Sin embargo, la mayoría no ha formalizado sus acusaciones por temor a represalias y desconfianza hacia las autoridades.
La entrega voluntaria de Jorge y Yeshua fue anticipada públicamente por sus madres, Nubia Sabido y Ana Cecilia Herrera Villamonte, quienes defendieron la inocencia de sus hijos y denunciaron una “campaña mediática de odio” en su contra. También responsabilizaron a la denunciante y su familia por cualquier incidente que pueda ocurrirles, lo que para la defensa de Saravia constituye un intento de invertir la carga moral del proceso.
El caso ha generado comparaciones inevitables con otros episodios emblemáticos de violencia sexual en grupo, como “La Manada” de Pamplona y “Los Porkys” de Veracruz, donde también se denunciaron encubrimientos y privilegios derivados de influencias políticas o familiares. En todos ellos, la atención pública ha sido determinante para romper inercias de impunidad.
Hasta el momento, la gobernadora Layda Sansores y la secretaria de Gobierno han guardado silencio sobre el caso, lo que organizaciones feministas consideran un mensaje negativo para las víctimas de violencia sexual en Campeche. La exigencia central de Liz Rodríguez sigue siendo la misma: justicia para su hija y para todas las mujeres que han señalado al grupo, sin excepciones ni concesiones.
La próxima audiencia de vinculación para Jorge y Yeshua será la prueba inmediata de si el proceso avanza hacia una resolución judicial firme o si, como temen las denunciantes, la red de omisiones y filtraciones seguirá marcando el rumbo de la investigación.
