Miles de estudiantes tomaron las calles de Santiago el jueves 26 de marzo de 2026, en una de las primeras movilizaciones de gran escala contra el gobierno de José Antonio Kast, a tan solo dos semanas de haber asumido la presidencia.
La marcha, convocada por organizaciones como la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, reunió a estudiantes de nivel medio y superior que rechazaron los recientes recortes presupuestarios en educación y advirtieron sobre posibles modificaciones a la gratuidad universitaria.
Las protestas se detonaron tras la implementación de una política de austeridad que contempla un recorte del 3% en el gasto de los ministerios, incluido el de Educación. Además, el gobierno evalúa limitar el acceso a la gratuidad para estudiantes mayores de 30 años y endurecer las condiciones del Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que ha generado preocupación entre la comunidad estudiantil.
La movilización partió desde las inmediaciones del antiguo Congreso Nacional y avanzó hacia el centro de la capital, pasando por Palacio de La Moneda, sede del Ejecutivo. Con pancartas y consignas como “Contra el retroceso, marchamos”, los manifestantes expresaron su rechazo a lo que consideran un debilitamiento del acceso a la educación pública.
Aunque la protesta se desarrolló en su mayoría de forma pacífica, en algunos puntos se registraron enfrentamientos con Carabineros de Chile, que utilizaron carros hidrantes y gases lacrimógenos para dispersar a grupos de manifestantes. Se reportaron detenciones, incluyendo la de observadores de derechos humanos y al menos una menor de edad.
El movimiento estudiantil en Chile tiene antecedentes de fuerte impacto político y social, como las movilizaciones de 2011 y el estallido social de 2019. En este contexto, las recientes protestas reflejan la tensión entre la agenda de austeridad impulsada por el nuevo gobierno y la defensa de derechos adquiridos en materia educativa.
Mientras el Ejecutivo sostiene que los ajustes son necesarios para sanear las finanzas públicas, sectores estudiantiles y sociales advierten que estas medidas podrían representar un retroceso en el acceso equitativo a la educación, en un país marcado por una larga historia de lucha en este ámbito.
