Por años, el gas LP ha sido un aliado silencioso del comercio informal: calienta ollas, mantiene vivos los negocios y alimenta a miles de familias. Pero cuando estalla, también exhibe la ausencia de la autoridad.
La explosión que marcó el inicio de 2026 en la colonia Agua Santa no fue un hecho aislado; fue el resultado de una práctica normalizada, tolerada y nunca supervisada: el uso de tanques de gas LP en puestos instalados en la vía pública, sin permisos, sin inspecciones y sin protocolos mínimos de seguridad.
El 2 de enero, un cilindro de gas de 10 kilogramos explotó en un puesto de birria sobre la avenida 117 Poniente. El estallido dejó 17 personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad, y proyectó uno de los tanques hasta 400 metros de distancia. La escena fue de pánico, fuego y cuerpos quemados en plena zona habitacional.
Ese día, el gas hizo visible lo que durante años fue invisible para la autoridad.
Una semana después del accidente, el tema llegó al Congreso del Estado. El 9 de enero, durante la sesión de la Comisión Permanente, la diputada local de Morena, María Soledad Amieva, presentó una iniciativa para modificar el artículo 66 Bis de la Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.
La propuesta busca obligar a los ayuntamientos a realizar inspecciones permanentes en comercios que utilicen gas LP en la vía pública, especialmente en puestos semifijos y móviles ubicados en zonas habitacionales o de alta afluencia peatonal.
“La manipulación de tanques de gas en la vía pública se ha normalizado sin controles técnicos, pese al riesgo que representa para vecinos, clientes y transeúntes”, expuso la legisladora.
La reforma plantea:
- Inspecciones periódicas obligatorias
- Lineamientos mínimos de seguridad
- Recomendaciones técnicas y medidas correctivas
- Capacitación obligatoria para comerciantes
Por ahora, la iniciativa no contempla sanciones económicas o penales, sino acciones preventivas, aunque especialistas advierten que, sin consecuencias claras, la ley podría quedar en letra muerta.
🚨🏛️ Iniciativa tras explosión en Agua Santa
La diputada @AmievaMarisol propuso reforzar la revisión del uso de gas en vía pública y zonas concurridas para prevenir accidentes. Además, presentó una reforma a la Ley de Agua de Puebla para eliminar concesiones del recurso.… pic.twitter.com/9N5nd8tSqn
— Desde La Silla (@Desde_LaSilla) January 9, 2026
La bomba que Vía Pública dejó crecer
En Agua Santa, el olor a gas llegó antes que el fuego. Fue una advertencia breve, casi inútil. El puesto de birria “La Güera” estaba lleno de familias que, como muchas otras tardes, buscaban cerrar el día con un plato caliente.
Segundos después, la explosión rompió la rutina.
El tanque estalló y salió proyectado como un misil. La lona del puesto se incendió, los comensales corrieron envueltos en llamas y el caos se apoderó de la avenida.
Entre los heridos se encuentran Jennifer Amanda, de 23 años; José Barrientos, de 24, y su hijo Liam, de seis. Venían de hacer compras en Plaza Centro Sur. Se detuvieron a comer. La explosión los alcanzó de lleno.
Jennifer y José permanecen internados en el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, en Atlixco. Liam fue dado de alta esa misma noche.
Desde entonces, las familias no solo enfrentan el dolor físico, sino también el abandono institucional.
“Hasta hoy, los dueños del negocio no han dado la cara. Fuimos a la Fiscalía, levantamos la denuncia y no hemos tenido noticias”, relata Victoria Espinoza, sobrina de la pareja.
Las versiones sobre la propietaria del puesto son confusas: primero detenida, luego prófuga, después presuntamente dispuesta a ayudar. El contacto, sin embargo, se diluyó.
“Nos dijeron que no tenía dinero, que quien podía apoyar era su hermana. Después, nada”, añade.
El comercio informal y la cadena de omisiones
La ayuda llegó, pero no de la autoridad ni de la responsable del negocio. Eduardo Andrade Sosa, identificado como líder de los tianguistas de Agua Santa, asumió los gastos médicos de varios lesionados en hospitales del sur de la ciudad, Cholula, el Hospital del Niño Poblano y Atlixco.
Sin embargo, Andrade Sosa también ha sido señalado desde 2019 como uno de los principales operadores del comercio informal en la colonia, donde, según vecinos, se cobran 90 pesos semanales por puesto, sin claridad sobre el destino de esos recursos, pese a ser presidente del Comité Administrativo de la unidad habitacional.
La tragedia reavivó un debate incómodo: ¿quién permite que estos puestos operen sin control?
Vecinos y comerciantes apuntan a la Dirección de Vía Pública, encabezada por César Bermúdez Olivier, alias “El Gallo”, funcionario señalado reiteradamente por tolerar la instalación de comercio irregular sin permisos ni medidas de seguridad.
Su nombre no es nuevo en la polémica. Ha sido vinculado a enfrentamientos con ambulantes, presuntos grupos de choque y prácticas opacas en el control del espacio público.
En julio de 2025, un enfrentamiento en el Centro Histórico, en la 8 Poniente y 3 Norte, volvió a exhibir la tensión. En un video difundido en redes sociales se observa a Bermúdez Olivier llegar acompañado de civiles, radios portátiles y camionetas sin rotular, que bloquearon calles antes de que se desatara una trifulca que dejó al menos tres personas heridas.
Tras la explosión, la respuesta institucional fue clara… y preocupante.
El director de Gestión de Riesgos del Ayuntamiento, Rubén Borau García, explicó que Protección Civil solo interviene en eventos autorizados: ferias, conciertos, festividades o comercios establecidos.
En el caso de Agua Santa, dijo, se trataba de un comercio “totalmente irregular; el responsable es el dueño del negocio. Es una cuestión entre particulares”.
No había permisos. No había solicitudes. No había revisiones. En otras palabras, el puesto no existía para la autoridad hasta que explotó.
Un riesgo cotidiano
La diputada Amieva recordó que el accidente de Agua Santa no es un caso aislado. En meses recientes se registraron:
- Una fuga de gas en un centro de carburación que obligó al cierre de vialidades.
- La volcadura de una pipa de gas en noviembre pasado sobre el Periférico Ecológico.
Todos fueron atendidos como emergencias, pero sin atacar la raíz del problema.
La explosión en Agua Santa no fue solo un accidente. Fue el síntoma de una ciudad donde el comercio crece sin reglas, donde el gas se utiliza sin supervisión y donde la autoridad aparece cuando el fuego ya hizo su trabajo. La pregunta es si los ayuntamientos estarán dispuestos a asumir una responsabilidad que durante años se ha evitado.
