La Corte Suprema de Brasil impuso este viernes nuevas medidas cautelares al expresidente Jair Bolsonaro, procesado por presunta conspiración golpista en 2022. Las disposiciones incluyen el uso obligatorio de una tobillera electrónica con sistema de geolocalización, el bloqueo inmediato de sus cuentas en redes sociales y la prohibición expresa de acercarse a embajadas o establecer contacto con diplomáticos extranjeros. También se le vetó la comunicación con otros implicados en el proceso judicial que se le sigue por atentar contra el Estado democrático de derecho.
El máximo tribunal brasileño adoptó esta serie de medidas tras autorizar nuevos registros en domicilios vinculados al exmandatario, incluyendo su residencia en Brasilia y la sede del Partido Liberal (PL), del cual es líder. Las pesquisas buscan profundizar en la presunta articulación de un plan para desconocer el resultado electoral de 2022, cuando Bolsonaro fue derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. La Policía Federal secuestró dispositivos, documentos y equipos informáticos que, según fuentes del caso, podrían probar el intento deliberado de ejecutar un golpe institucional con apoyo de ministros y militares.
La Fiscalía General de la República acusa a Bolsonaro de cinco delitos graves, entre ellos intento de golpe de Estado y abolición violenta del orden democrático, crímenes que contemplan hasta 40 años de prisión en su conjunto. Los fiscales también vinculan al expresidente con una red de desinformación digital y una estructura de mando paralela dentro de las Fuerzas Armadas, operativa incluso después de los comicios. La Corte ha impuesto arresto domiciliario nocturno como medida adicional mientras avanza el proceso.
La situación ha escalado en el ámbito internacional luego de las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha intervenido públicamente en favor de Bolsonaro. Trump calificó el juicio como una “caza de brujas” y acusó al Supremo Tribunal de aplicar órdenes ilegales para censurar cuentas en redes sociales supuestamente utilizadas para difundir información crítica contra Lula. Además, anunció la imposición de un arancel del 50 por ciento a productos brasileños, en lo que ha sido interpretado como un intento de presión directa sobre el Poder Judicial de Brasil.
Desde la Presidencia brasileña, Luiz Inácio Lula da Silva respondió calificando las declaraciones de Trump como un “chantaje inaceptable”. El mandatario exigió respeto absoluto a la soberanía institucional de Brasil y advirtió que no permitirá que actores extranjeros interfieran en decisiones judiciales internas. La carta de apoyo enviada por Trump a Bolsonaro el día previo, en la que anticipa un “cambio de rumbo” en el Gobierno brasileño y denuncia un supuesto “régimen de censura”, ha sido vista por el Palacio del Planalto como una escalada diplomática sin precedentes.
Los jueces del Supremo han defendido el desarrollo del proceso dentro de los marcos constitucionales y han reiterado su compromiso con la democracia. Las medidas impuestas a Bolsonaro buscan impedir que el exmandatario interfiera en la investigación o utilice canales públicos para incitar a sus seguidores, como ya ocurrió tras su derrota electoral. Se prevé que el juicio avance hacia una sentencia entre septiembre y octubre, con un elevado nivel de atención tanto nacional como internacional.
