La detención de mandos y elementos de la policía municipal de Puebla vinculados con el grupo criminal conocido como «Operativo Barredora» no es un hecho aislado, sino el desenlace de una infiltración que se gestó durante años, bajo administraciones panistas, y que convirtió a una parte de la corporación en un engranaje más del crimen organizado.
La llamada Operación Cofradía, ejecutada el pasado viernes 9 de enero, puso nombre y rostro a una estructura interna que operaba desde el interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla capital: una red de servidores públicos que, aprovechando su posición, brindaban protección, filtraban información y obstaculizaban operativos a favor de La Barredora, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención de cuatro personas: dos hombres y dos mujeres, en un operativo realizado con el apoyo del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, con una investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y respaldo del Gobierno estatal, dejó claro que el problema no nació en la actual administración.
Por el contrario, se trata de una herencia institucional que comenzó a incubarse en gobiernos municipales panistas, cuando los controles internos se relajaron y las redes de complicidad encontraron terreno fértil dentro de la corporación.
El crimen que detonó todo
El punto de quiebre ocurrió la madrugada del 1 de marzo del año pasado en la colonia Del Valle. Dos policías municipales -Alejandro Osorio y Edgar Popoca-, fueron emboscados y asesinados dentro de la patrulla GG-001.
El ataque fue brutal: más de 90 disparos con armas largas, ponchallantas para evitar la persecución y actos de terror en la huida, como el incendio de un vehículo y una tienda de conveniencia.
Las primeras líneas de investigación apuntaron a un ajuste interno, mientras que los dos agentes, según las indagatorias, habrían sido ejecutados como represalia por negarse a colaborar con una red criminal incrustada en la propia policía, que hoy se sabe era La Barredora.
Ese doble homicidio destapó lo que durante años se había mantenido en silencio.
Conforme avanzó la investigación, las autoridades identificaron una organización interna denominada La Cofradía, que no se trataba de un cártel independiente ni de una banda tradicional, sino de una estructura de corrupción policial, integrada por mandos y elementos operativos que actuaban como enlace directo con La Barredora.
Desde esa red, los policías infiltrados ofrecían protección, alertaban sobre operativos, filtraban movimientos y permitían que la célula criminal operara con ventaja frente a las autoridades.
La FGE estableció esta misma semana que La Cofradía mantenía comunicación directa con La Barredora, organización criminal vinculada al CJNG y relacionada con homicidios, extorsión, distribución de droga y otros delitos de alto impacto en Puebla.
Las primeras consecuencias internas
El impacto del asesinato de los dos policías no sólo fue operativo, sino político y administrativo, toda vez que la crisis derivó en protestas internas dentro de la SSC por la falta de condiciones de seguridad y la desconfianza entre mandos.
Como resultado, Fernando Rosales, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue separado del cargo. Junto con él salió Gustavo Alonso González Zapata, “Sauce”, subsecretario de Investigación Policial.
Pero lejos de cerrarse el capítulo, los hechos escalaron. Y es que, el 30 de junio del año pasado, durante diligencias por presuntos restos humanos en Coronango, explotaron dos artefactos que dejaron a dos policías heridos.
La Operativa Barredora se adjudicó el ataque y señaló que su objetivo real era la Fiscalía de Homicidios, donde entonces trabajaba “Sauce”.
En mensajes de amenaza, el grupo criminal acusó directamente al exmando policial de presuntamente brindar apoyo a redes de secuestro, extorsión y robo durante su paso por la policía municipal.
Ante el temor de nuevos atentados y la presión interna, “Sauce” fue removido el 4 de julio y reubicado en la Agencia Estatal de Investigación.
Una investigación en silencio
Mientras la violencia y las amenazas escalaban, la investigación siguió su curso. De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública estatal, el vicealmirante Francisco Sánchez González, el expediente se integró durante meses a partir del homicidio de los policías de la colonia Del Valle.
El funcionario apuntó que, a diferencia de lo ocurrido en la policía municipal, no se detectó infiltración del crimen organizado en la Policía estatal, donde existen controles de confianza más estrictos, es decir, el contraste evidenció que el problema estaba focalizado en la estructura municipal, debilitada desde administraciones anteriores.
La Operación Cofradía
El golpe final llegó el pasado 9 de enero. En un operativo coordinado entre la FGE, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Defensa, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal, fueron detenidos Hugo N., Atanacio N. y Rocío N., servidores públicos de la SSC, así como Ana Belem N., civil presuntamente vinculada con la red.
Los tres funcionarios fueron aprehendidos dentro de las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una señal del nivel de penetración que había alcanzado La Cofradía.
Las autoridades establecieron que los detenidos participaron directamente en el homicidio de los dos policías municipales durante el año pasado y que utilizaban su posición tanto como para proteger a La Barredora como para sabotear investigaciones.
A estos arrestos se sumaron detenciones previas de otros elementos municipales adscritos a Tránsito, Ciclopolicías y áreas operativas, señalados de colaborar con la misma red criminal.
De acuerdo con información de la Fiscalía, el 31 de julio de 2025 también fueron detenidos Diego N., Lucero N., José Manuel N. e Ismael N., exfuncionarios de la policía municipal a quienes identificaron por “dar información, protección, y generaban caos en las instituciones, esto como forma de operación para obstaculizar las investigaciones sobre homicidios, distribución de droga y operaciones delictivas de alto impacto”, según un comunicado difundido por la institución.
Es de señalar que la reciente detención del agentes de la SSC se dio en menos de una semana de que fueron detenidos nueve integrantes del “Operativo Barredora” en el municipio de Tecamachalco, quienes hoy enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa y delitos contra la salud, además de que fueron aseguradas seis armas largas y equipo táctico.
Este despliegue ocurrió el pasado 6 de enero, cuando fueron aprehendidos Eduardo N. El Gordo, señalado como presunto líder de la célula criminal en Tecamachalco; Alex Rigoberto N. El Temach; Paulino N.; Ernesto Brayan N.; Miguel Ángel N.; Cristian N.; Javier N.; Uriel Hilario N.; y José Miguel N.
