El boxeador Julio César Chávez Carrasco, conocido como Julio César Chávez Jr., fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas. Sin embargo, el juez Enrique Hernández Miranda determinó que continuará su procedimiento en libertad condicional, bajo las restricciones de no salir del país ni tener contacto con los testigos de cargo.
El magistrado resolvió que no se le exija presentarse periódicamente ante la autoridad, argumentando que, al ser una figura pública, “se expondría a ser acosado por los medios de comunicación”. Esta decisión generó controversia, ya que el delito de delincuencia organizada se encuentra dentro del catálogo de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, según el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.
De acuerdo con fuentes ministeriales, la medida debió aplicarse sin excepciones ni interpretaciones. Pese a ello, el juez sostuvo su fallo en que Chávez Jr. “tenía domicilio fijo en el país, específicamente en Culiacán”, aun cuando había sido detenido en Estados Unidos, donde tramitaba su residencia. La resolución puede ser apelada por el Ministerio Público Federal.
En paralelo, el exboxeador es investigado por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) presentó pruebas que, a juicio del juez, resultaron suficientes para iniciar el proceso penal, al coincidir con denuncias recabadas desde 2019 en México y en Estados Unidos, respaldadas por testimonios con nombre, fecha y lugar que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.
La primera audiencia judicial, realizada por videoconferencia desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11 de Hermosillo, se extendió por casi nueve horas. Durante el procedimiento, tanto la Fiscalía como la defensa expusieron sus argumentos. Chávez Jr. compareció con la misma vestimenta que usaba al momento de su deportación de Estados Unidos el pasado 19 de agosto: camisa tipo polo en tonos negro, azul y blanco, pants oscuros y tenis rojos.
El hijo del excampeón mundial de boxeo estuvo asistido por tres abogados —Alejandra Payán Navarrete, Rubén y Marco Antonio—, quienes señalaron que de los 21 datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía General de la República, solo nueve lo señalan de manera directa.
Entre los testimonios recabados se le acusa de agredir físicamente a personas retenidas por la facción de Los Chapitos, liderada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar. Además, como prueba material, la autoridad presentó una bata de boxeo encontrada en un inmueble vinculado al Cártel de Sinaloa.
