La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales no se impondrá de forma inmediata ni unilateral. Aseguró que el proceso será gradual y que se basa en el diálogo entre todos los sectores involucrados, incluyendo empresarios, trabajadores y legisladores.
Sheinbaum explicó que ya se han instalado mesas de trabajo para discutir el tema en un marco de respeto y consenso. Insistió en que no se trata de afectar la economía, sino de atender una demanda histórica de los trabajadores. El gobierno, dijo, tiene el deber de acompañar esta transformación sin perjudicar la viabilidad de las empresas.
Concluyó que toda reforma laboral debe garantizar condiciones de dignidad, sin comprometer la estabilidad económica. En sus palabras, lo que se busca es un “diálogo franco y abierto” para que la reducción de la jornada se convierta en una política pública viable, sustentable y respaldada por todos los actores del país.
La presidenta presentó los avances en la implementación de la reforma laboral dirigida a repartidores y conductores de plataformas digitales, derivada del compromiso 59 de su administración. La ley fue publicada el 24 de diciembre de 2024 y ha sido reconocida como una legislación pionera a nivel mundial. Marath Bolaños López, titular de la Secretaría del Trabajo, destacó que esta legislación fue construida en diálogo con las empresas, el IMSS, Infonavit y el SAT.
La reforma garantiza acceso a seguridad social para quienes generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo. Entre los beneficios contemplados se encuentran la cobertura por riesgos de trabajo, atención médica por enfermedad o maternidad, pensión por cesantía en edad avanzada, invalidez y seguro de vida, así como acceso a guarderías, prestaciones sociales y créditos de vivienda a través del Infonavit. También se prohíben los contratos civiles de simulación y los abusos mediante algoritmos.
Uno de los aspectos clave es que los trabajadores conservarán su libertad de elegir horarios y colaborar con una o varias plataformas. Además, las empresas no podrán desconectarlos automáticamente mediante inteligencia artificial sin antes otorgarles una audiencia, salvo en casos de fraude o riesgos de seguridad.
El plan piloto comenzará el 1 de julio de 2025, mientras que la entrada en vigor total de la ley está programada para el 1 de enero de 2026.
