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junio 23, 2025
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Investigaciones por corrupción en el Barroco no se detendrán: Fiscalía

Aunque el gobierno estatal ya liquidó el contrato del Museo Internacional Barroco, la Fiscalía mantiene abiertas líneas de investigación por posibles delitos en su financiamiento, así como en el Teleférico, el CIS y otras obras del sexenio de Rafael Moreno Valle.
Aunque el Gobierno de Puebla ya firmó un convenio para liquidar anticipadamente la deuda del Museo Internacional del Barroco (MIB), las investigaciones por posibles actos de corrupción en torno a su financiamiento no se detendrán, advirtió la Fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt.

La titular de la FGE reveló que existen «letras chiquitas» en los contratos de esa y otras obras impulsadas durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, como el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, el teleférico y las plataformas industriales de Audi, que actualmente están bajo revisión.

La Fiscal sostuvo que mantiene abiertas diversas líneas de investigación sobre megaproyectos ejecutados en el morenovallismo, los cuales presentan indicios de irregularidades contractuales que podrían derivar en responsabilidades penales por delitos como desvío de recursos y fraude.

Pastor Betancourt confirmó que desde el año 2020 se interpusieron denuncias relacionadas con estas obras y que actualmente se han formalizado varias carpetas de investigación. 

“Tenemos líneas de investigación sobre el Teleférico, el CIS, las plataformas Audi. En el caso del Barroco, todos los contratos tienen letras chiquitas, y estamos investigando a fondo. Como dijo el gobernador y el coordinador de gabinete, que haya convenios no exime que se terminen o se revisen a fondo”.

La titular de la FGE precisó que, aunque aún no puede revelarse el número exacto de exfuncionarios involucrados, las indagatorias ya están en curso y podrían ampliarse conforme avance la recopilación de pruebas. 

Este 23 de junio, el gobierno estatal concretó la liquidación anticipada del contrato del MIB, una deuda proyectada originalmente en más de 10 mil millones de pesos, por una suma de 2 mil millones.

En ese contexto, el gobernador Armenta advirtió que el mismo procedimiento de revisión legal y financiera se aplicará a otras obras heredadas del morenovallismo, como el CIS, cuyo mantenimiento anual representa una carga millonaria para el presupuesto estatal.

Los señalamientos no son nuevos. Desde la administración de Miguel Barbosa Huerta ya se había cuestionado el modelo de Asociación Público-Privada (APP) utilizado para varios de estos proyectos, que durante años no fueron reconocidos como deuda pública pero sí comprometieron recursos del estado por décadas.

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