La exsecretaria de Planeación y Finanzas del gobierno de Miguel Barbosa, María Teresa Castro Corro, fue declarada responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones, tras la fallida inversión de más de 604 millones de pesos del erario poblano en Accendo Banco, una institución financiera que terminó en quiebra.
La resolución, emitida el 30 de septiembre de este año por la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del del Estado de Puebla, impone una multa de 362 millones 997 mil 678 pesos con 99 centavos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier cargo público.
El fallo fue avalado por los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino, quienes determinaron que las decisiones de Castro Corro causaron un daño patrimonial grave al estado.
El origen del caso se remonta a junio de 2021, cuando la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado decidió invertir 606 millones de pesos en Accendo Banco, con el argumento de generar rendimientos para el Fondo de Reserva Financiera para Contingencias Jurídico-Contenciosas.
Sin embargo, pocos meses después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) detectó irregularidades y revocó la licencia del banco, que en septiembre de ese año entró formalmente en liquidación.
El colapso de Accendo dejó pérdidas por alrededor de 3 mil millones de pesos a gobiernos estatales y municipales en todo el país, entre ellos Puebla, Hidalgo y Veracruz.
En el caso poblano, el quebranto fue total: 606 millones de pesos jamás fueron recuperados. La Secretaría de Administración, ya durante el cierre del sexenio barbosista, confirmó en diciembre de 2023 que los recursos seguían perdidos, a pesar de las gestiones legales iniciadas ante las autoridades financieras federales.
El Tribunal de Justicia Administrativa concluyó que Castro Corro actuó con negligencia y abuso de funciones, al destinar recursos públicos a una institución que ya presentaba señales de insolvencia, pese a contar con información que advertía del riesgo.
De acuerdo con la sentencia, el daño patrimonial calculado supera los 600 millones de pesos, aunque la multa impuesta a la exfuncionaria equivale al 60 por ciento del monto total, debido a que otro servidor público aún no identificado, también habría participado en la operación irregular.
La resolución judicial no encontró elementos para responsabilizarla por encubrimiento, pero sí confirmó las faltas administrativas graves relacionadas con el manejo indebido de fondos públicos.
El caso de Accendo Banco se convirtió en uno de los problemas financieros más polémicos, toda vez que la institución bancaria, dirigida por los hermanos Luis Ricardo, Óscar Alonso y Francisco Javier Reyes de la Campa, fue intervenida tras detectarse malas prácticas financieras y desvío de capitales.
La quiebra afectó directamente a gobiernos estatales que habían invertido recursos públicos con la promesa de rendimientos rápidos. En Puebla, la operación fue autorizada bajo la dirección de Castro Corro, quien, según los magistrados, “no cumplió con los principios de legalidad, eficiencia y honradez que rigen la administración pública”.
Antes de que se conociera el fallo, Teresa Castro había negado cualquier responsabilidad en la pérdida de los recursos. En junio de 2023, durante su comparecencia ante el Congreso del estado como parte de la glosa del último informe, defendió que el gobierno no había adquirido deudas y que la inversión en Accendo “no representaba un quebranto financiero”.
En ese mismo año, reiteró públicamente que los fondos invertidos “no formaban parte del presupuesto estatal” y aseguró que los pagos y programas gubernamentales “no se encontraban comprometidos”.
Sin embargo, la sentencia contra Castro Corro no cierra su expediente, toda vez que, además de la inversión en Accendo, enfrenta otras indagatorias financieras, entre ellas el depósito de 6 mil 800 millones de pesos en el bróker Fóndika, así como presuntas omisiones en litigios fiscales que habrían generado pérdidas adicionales al estado.
Hasta el momento, la exfuncionaria no ha emitido una postura sobre la resolución judicial ni ha anunciado si interpondrá recursos legales para revertirla.
