La madrugada de este viernes, el municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, se convirtió en escenario de una emergencia que movilizó a fuerzas federales, estatales y municipales. Una fuga de gas, provocada por una toma clandestina en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), cubrió con una nube densa la zona boscosa de Tepuente y San Felipe Hidalgo, obligando a la evacuación preventiva de más de tres mil habitantes.
El reporte inicial se dio a las 05.55 horas, cuando un agente de vigilancia de Pemex detectó el escape a la altura de la carretera que conecta la cabecera municipal con Tepuente. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad y se desplegaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala y la Policía Municipal, además de brigadas de Protección Civil.
La magnitud de la fuga obligó a acordonar el área y a desalojar a la población en un radio de dos kilómetros. Las familias fueron trasladadas al auditorio municipal, habilitado como refugio temporal. Autoridades confirmaron que no se reportaron lesionados, aunque la nube de gas permanecía visible durante varias horas, lo que mantenía latente el riesgo de explosión.
Personal especializado de Pemex se concentró en sellar la toma clandestina y cerrar válvulas de los ductos. De acuerdo con estimaciones de la Guardia Nacional, la disipación completa del gas tomaría entre tres y cuatro horas. El gobierno estatal reiteró el llamado a mantener la distancia con la zona afectada.
Este episodio refleja la expansión del robo de gas LP —conocido como “huachigas”— en Tlaxcala, donde municipios como Calpulalpan, Nanacamilpa y Nativitas encabezan las estadísticas de tomas clandestinas. Apenas el 30 de julio pasado, en Santa Apolonia Teacalco, otra perforación ilegal generó una nube de cien metros de diámetro que fue contenida con una quema controlada.
La emergencia en Nanacamilpa subraya la vulnerabilidad de las comunidades asentadas cerca de los ductos de Pemex. La proliferación de grupos dedicados al robo de gas representa un doble riesgo: la pérdida económica para el Estado y el peligro constante para las familias que habitan en la franja limítrofe con Puebla.
