El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, confirmó que esta iniciativa avanza en el Congreso local con respaldo multipartidista y podría tener como consecuencia hasta tres años de prisión para quienes cometan violencia digital.
El funcionario explicó que el proyecto fue presentado desde noviembre de 2024, cuando aún fungía como diputado local, pero que ahora ha sido retomado con fuerza ante el incremento de casos de violencia digital.
De acuerdo con García Parra, la propuesta logró consenso el año pasado entre fuerzas como Morena, PAN, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, y se espera que pronto sea discutida en comisiones legislativas.
“Tengo entendido que ya está avanzando el proceso legislativo, estarán seguramente en estos días convocando a la Comisión que tiene este trabajo, seguramente se mejorará y robustecerá para que tengamos un marco jurídico que proteja a todos en Puebla en el ciberespacio”.
El planteamiento contempla sanciones penales para actos como el grooming —acoso a menores en línea—, extorsión, espionaje, manipulación emocional, así como el acoso a mujeres en redes sociales, fenómeno que ha crecido exponencialmente en los últimos años.
García Parra aclaró que esta iniciativa no limita el derecho a la libre expresión ni busca silenciar la crítica legítima. Por el contrario, expuso que el objetivo es claro: proteger a los usuarios de internet frente a prácticas delictivas que muchas veces quedan impunes por falta de normativas específicas.
El funcionario también recordó que los vacíos legales actuales han dificultado la persecución de delitos cometidos en entornos digitales, motivo por el cual consideró que es urgente actualizar el Código Penal.
El futuro de la propuesta ahora está en manos del Congreso local, donde será evaluada por las comisiones correspondientes antes de pasar al Pleno.
Reforma al Código Penal
La propuesta planteada el año pasado por el hoy coordinador de Gabinete incluía la usurpación de identidad, que podría sancionarse — como había sido presentada inicialmente — con uno a tres años de prisión y multas de 5 mil 428 hasta 27 mil 142 pesos.
Si además hubiese daño económico, la pena se elevaría a hasta 10 años de cárcel. A su vez, el ciberacoso, definido como el hostigamiento reiterado mediante medios digitales, implicaría de uno a tres años de prisión.
También se planteó en la propuesta tipificar como delito el hacerse pasar por menores de edad para corromper o acosar a niñas, niños y adolescentes, así como el acceso no autorizado a sistemas informáticos con fines de espionaje, sancionado con penas similares a las del ciberacoso.
En materia de fraude, la propuesta plantea castigar con prisión el uso de métodos digitales engañosos para obtener información financiera de las víctimas.
Esta semana se discutirá la iniciativa
La presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Laura Artemisa García Chávez, confirmó que esta semana se retomará la discusión de la reforma para tipificar los ciberdelitos, que contempla castigos contra prácticas como fraude, usurpación de identidad, espionaje y ciberasedio.
La propuesta será votada en comisiones este miércoles y podría pasar al pleno el jueves.
García Chávez explicó que el proyecto base fue presentado en noviembre de 2024 por el entonces diputado José Luis García Parra, actual coordinador del gabinete estatal. Desde entonces, se han integrado propuestas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para fortalecer el documento final.
“El objetivo es brindar herramientas legales a quienes hoy no pueden denunciar. Muchas víctimas son menores de edad, por eso es urgente legislar con responsabilidad”.
También subrayó que este tipo de violencia digital es cada vez más frecuente en entornos escolares, lo que pone en riesgo a niños, niñas y adolescentes.
En conferencia de prensa, García Parra aclaró que las reformas no buscan censurar opiniones ni limitar la libertad de expresión. Señaló que Puebla podría convertirse en el primer estado del país en contar con un marco jurídico especializado en proteger a la ciudadanía en el entorno digital.
“Lo que se propone es una legislación que combata el delito, no que silencie la crítica. Se trata de proteger a las personas en un entorno donde aún no hay suficientes reglas”, concluyó.
