El Gobierno del Estado abrió un proceso de revisión integral a varias concesiones de servicios públicos que operan en la capital, entre ellas la del suministro de agua potable, a fin de evaluar su cumplimiento, informó el consejero jurídico, Raúl Pineda Zepeda.
El funcionario explicó que, dentro de este análisis, se estudia la posibilidad de que el estado adquiera hasta el 75 por ciento de las acciones de Concesiones Integrales, empresa operadora de Agua de Puebla, como una medida preventiva ante un eventual cambio de control hacia la trasnacional filipina Manila Water.
Aclaró que, hasta el momento, no existe una propuesta formal de compra, pero el escenario está sobre la mesa, lo mismo que una posible revocación.
El funcionario precisó que la revisión no se limita al servicio de agua, sino que abarca al menos seis concesiones otorgadas por el estado, incluyendo las relacionadas con la recolección y disposición de residuos sólidos.
En este punto, mencionó a las empresas PALA y Rellenos Sanitarios (RESA), esta última con operaciones desde mediados de la década de los noventa.
El consejero jurídico señaló que, al tratarse de concesiones estatales, corresponde al gobierno supervisar su operación y en su caso, aplicar sanciones que van desde amonestaciones hasta la revocación de los contratos, si se detectan incumplimientos reiterados o fallas graves en el servicio.
Reconoció que se trata de un tema complejo, debido a la antigüedad de algunos contratos, como el de Agua de Puebla, vigente desde 2013, y el de RESA, que data de 1995.
Sin embargo, sostuvo que la actual administración ha identificado irregularidades de fondo en los términos en que fueron otorgados, a los que calificó como desventajosos para el estado.
Estas declaraciones se dan en un contexto de señalamientos públicos del gobernador Alejandro Armenta sobre deficiencias en el servicio de limpia en distintas colonias de la capital, lo que derivó en la instrucción de revisar a fondo el desempeño de las empresas concesionarias.
Pineda Zepeda afirmó que todas las opciones están siendo evaluadas, incluyendo el impacto económico que tendría una eventual cancelación de contratos y advirtió que el gobierno no será omiso ante incumplimientos en inversión, infraestructura o calidad del servicio.
