Hoy, esa historia cambiará.
A sólo siete meses de iniciar el gobierno, Alejandro Armenta Mier logró negociaciones para que, a partir del 23 de junio, el MIB sea por fin propiedad del estado.
Y para lograrlo, no se necesitaron los 10 mil millones de pesos que aún estaban pendientes: bastaron 2 mil millones en un pago único para zanjar el contrato con Grupo Hermes, propiedad de Carlos Hank Rhon.
Así, Puebla se ahorrará más de 8 mil millones de pesos y ganará el control de uno de sus inmuebles culturales más emblemáticos, según reveló José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal.
“En la ley de asociaciones público-privadas se encuentra estipulada una figura que se denomina terminación anticipada, así que con toda esta información y este análisis el señor gobernador ha dado la instrucción para aplicar esta figura jurídica y lograr un acuerdo nuevo con esta empresa que posee el título de concesión”.
García Parra recordó que el MIB fue inaugurado en 2016 bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP) y obligaba al gobierno a desembolsar alrededor de 523 millones de pesos anuales tan solo por el uso y mantenimiento del espacio.
Una renta disfrazada de contrato que, según declaraciones previas del actual mandatario, impedía al estado invertir ese dinero en otras prioridades: más de 440 escuelas techadas, aulas nuevas para 158 mil alumnos, seguridad pública o programas sociales.
A la llegada de Armenta en 2024, el saldo por pagar ascendía a más de 4 mil 600 millones de pesos, pero tras una serie de negociaciones directas con Grupo Hermes, el mandatario logró una operación que pocos creían posible: una salida anticipada con descuento.
Para hacerlo viable, este lunes el coordinador de Gabinete recordó que se recurrirá a un crédito puente de 2 mil millones, con el que se cubrirá el monto pactado y se extinguirá la deuda antes de que finalice su sexenio.
El Congreso local ya fue notificado del fin del contrato; la Secretaría de Cultura y el organismo Museos Puebla enviaron el documento a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, que ahora revisará los detalles administrativos de la operación.
El conflicto financiero del MIB fue durante años una piedra en el zapato para los gobiernos estatales, con cláusulas contractuales férreas y penalidades millonarias en caso de rescisión, que era considerada impagable sin consecuencias jurídicas.
Aunque aún no se han precisado los términos exactos del acuerdo —ni si el museo interrumpirá temporalmente sus actividades—, lo que ya es seguro es que el MIB se integrará al patrimonio estatal.
El gobernador también ordenó recientemente una auditoría integral a las obras emblemáticas del morenovallismo, entre ellas el Teleférico y la relación con el extinto Banco Accendo, como parte de su cruzada contra la corrupción heredada.
