El gobierno de Puebla decidió suspender los pagos de la deuda del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis para forzar la renegociación del contrato que benefició a Alfa Constructores, ligada a la familia Abed, y que compromete miles de millones de pesos del erario hasta 2037; de no lograr un acuerdo, el gobernador Alejandro Armenta advirtió que el conflicto será llevado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El gobernador informó que su administración no continuará cubriendo los pagos establecidos mientras no se revisen las condiciones financieras del contrato, el cual calificó como desproporcionado en relación con el valor real del inmueble.
De acuerdo con el mandatario, el CIS fue proyectado con un costo cercano a mil 500 millones de pesos, sin embargo, desde su construcción en 2012, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, el estado ha pagado 2 mil 617 millones de pesos y aún mantiene un adeudo de 4 mil 300 millones, lo que elevaría el costo total del proyecto a aproximadamente 7 mil millones de pesos.
Armenta señaló que bajo estas condiciones, su gobierno no realizará nuevas erogaciones, al considerar que el esquema financiero afecta de manera directa las finanzas públicas y limita la capacidad del estado para atender otros rubros importantes como seguridad, salud y educación.
“Me voy a declarar en moratoria, no voy a pagarlos, y si me destituyen, que me destituyan. Es inmoral, incorrecto, tener que pagar 4 mil 300 millones de pesos por algo que no vale más de mil millones de pesos,” sentenció.
El gobernador advirtió que, en caso de no alcanzar un acuerdo con los empresarios responsables del contrato, el gobierno estatal acudirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar una revisión de la legalidad de los compromisos financieros heredados, particularmente de los 4 mil 300 millones de pesos pendientes.
El mandatario descartó que su pronunciamiento signifique una amenaza, toda vez que dijo, la intención únicamente es tener orden financiero y transparencia en el manejo de recursos públicos, con lo cual adelantó que su administración dará a conocer también al menos nueve contratos relacionados con obras inexistentes o con presuntos sobrecostos.
Armenta responsabilizó a gobiernos anteriores, particularmente del PRIAN, por haber permitido la estructuración de contratos que generaron un endeudamiento excesivo para el estado y cuestionó que quienes autorizaron dichos convenios ahora emitan críticas, pese a su participación en decisiones que comprometieron recursos públicos a largo plazo.
El gobernador manifestó que la suspensión de pagos se mantendrá hasta que se alcance una renegociación que beneficie a las finanzas estatales o hasta que la SCJN determine la legalidad de los compromisos adquiridos.
“Que recapaciten y lleguemos a un acuerdo para finiquitar la deuda de este edificio que es otro monumento a la corrupción y el saqueo de Puebla. O nos ponemos de acuerdo o voy a interponer un recurso, no estoy amenazando, por el bien de Puebla debemos tener orden. Esos 4 mil millones de pesos que tenemos que pagar los necesitamos en seguridad, salud, educación”, manifestó.
El gobernador @armentapuebla_ revela que a la fecha se han pagado 2 mil 617 mdp por el CIS de Angelópolis, mientras que restan 4 mil 300 millones por un contrato amañado en la administración morenovallista.
Advierte que podría presentar un recurso ante la @SCJN.
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— Desde La Silla (@Desde_LaSilla) December 15, 2025
Antes de anunciar la suspensión de pagos y la revisión de los contratos más costosos heredados por el estado, el gobernador ya había puesto sobre la mesa el peso financiero que arrastran proyectos emblemáticos firmados en administraciones pasadas.
Durante la discusión del paquete económico 2026, el mandatario expuso que el gobierno de Puebla continúa cubriendo compromisos millonarios derivados de esquemas financieros que fueron diseñados para beneficiar a privados y comprometer recursos públicos por años.
Entre ellos mencionó las plataformas de Audi, cuyo mantenimiento y pago representan 753 millones de pesos anuales, carga que se mantendrá vigente hasta 2028. A este caso se suma el CIS de Angelópolis, cuya operación implica un desembolso cercano a 270 millones de pesos cada año.
En contraste, Armenta destacó que uno de los compromisos más onerosos, el del Museo Internacional del Barroco, dejó de representar una carga para el estado luego de la liquidación del esquema PPS, que anteriormente implicaba pagos por 523 millones de pesos, ajuste que ya se refleja en el Plan de Ingresos 2026 con una reducción de recursos destinados a ese rubro.
