El gobierno de Puebla obtuvo un cumplimiento total en sus obligaciones de transparencia, tras una evaluación interna sobre la publicación y actualización de información fiscal, administrativa y presupuestal del Poder Ejecutivo estatal.
De acuerdo con los resultados presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el Ejecutivo alcanzó un 100 por ciento de cumplimiento conforme a los criterios del sistema de evaluación.
El ejercicio revisó el desempeño de las dependencias estatales en rubros relacionados con rendición de cuentas, acceso a la información y difusión de datos públicos obligatorios.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, explicó que el resultado deriva de la revisión a los sujetos obligados del Ejecutivo, quienes cumplieron con las más de 47 obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre los rubros evaluados se encuentran la publicación de información sobre servidores públicos, estructura orgánica, datos curriculares, presupuestos asignados, ejercicio del gasto y estados financieros.
Espidio explicó que los resultados dados a conocer son únicamente informativos, debido a que actualmente se trabaja en un nuevo esquema de verificación que actualizará tanto las reglas como la forma de evaluar el cumplimiento en materia de transparencia.
Por esta razón, señaló que los resultados difundidos tienen carácter informativo y no corresponden aún a una evaluación definitiva bajo el nuevo modelo.
El panorama fue distinto en el ámbito municipal. Según la misma evaluación, los 104 Ayuntamientos del estado que fueron evaluados registraron un promedio de cumplimiento del 71.15 por ciento, resultado de rezagos en la publicación y actualización de información por parte de diversas administraciones.
Aunque algunos municipios cumplieron en su totalidad con los criterios revisados, otros presentan pendientes que impactaron el promedio general.
El mandatario indicó que las denuncias y observaciones que llegan al gobierno estatal son canalizadas a las áreas técnicas correspondientes, donde se analizan conforme al debido proceso y la presunción de inocencia.
