El gobierno de Puebla enfrenta un complejo panorama jurídico heredado de administraciones anteriores: 89 litigios activos que representan un riesgo financiero de hasta 5 mil 495 millones 445 mil pesos, reconocieron autoridades estatales. De ese total, 29 juicios ya cuentan con sentencia firme, lo que compromete al menos mil 576 millones 129 mil pesos, sin considerar actualizaciones e intereses.
La información fue dada a conocer en una rueda de prensa realizada en la Ciudad de México, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, quien atribuyó este cúmulo de demandas a prácticas de corrupción entre exfuncionarios y empresas privadas que no fueron atendidas en su momento.
García Parra explicó que se trata de litigios “multimillonarios” derivados de irregularidades en la ejecución de obra pública, la prestación de servicios, esquemas de arrendamiento y el pago de facturas, donde desde el poder se permitió la creación de redes que hoy afectan directamente al patrimonio del estado.
“Son casos que estamos defendiendo y analizando jurídicamente para que el daño a las finanzas de Puebla sea el menor posible. Nos han demandado por más de 5 mil millones de pesos en 89 litigios; algunos ya tienen sentencia firme y es precisamente lo que estamos atendiendo”, subrayó el funcionario.
Advirtió que, en los 29 juicios ya resueltos, el monto podría incrementarse considerablemente, ya que las sentencias corresponden a ejercicios fiscales pasados y deben actualizarse conforme al paso del tiempo, lo que incluso podría duplicar la cifra final a pagar.
Del total de litigios, nueve concentran la mayor preocupación del gobierno estatal, debido a que en conjunto suman 4 mil 651 millones 179 mil pesos. De estos, tres ya tenían sentencia firme antes del inicio de la actual administración, por un monto superior a mil 213 millones de pesos.
Además, García Parra reveló que en al menos cuatro de los litigios se identificó un “modus operandi”, mediante el cual empresas y servidores públicos se habrían coludido para ganar demandas contra el propio gobierno del estado, profundizando el impacto financiero y legal que hoy enfrenta la entidad.
