El Congreso del Estado de Puebla llevó a cabo el segundo foro ciudadano sobre ciberseguridad, centrado en la discusión del controvertido artículo 480 del Código Penal, que tipifica el delito de ciberasedio.
El encuentro reunió a periodistas, activistas, especialistas en derecho, autoridades estatales y ciudadanía en general, en una jornada marcada por el contraste entre la necesidad de proteger a las víctimas del entorno digital y el riesgo de vulnerar la libertad de expresión.
El evento fue organizado en formato de panel abierto: primero participaron 10 ciudadanos inscritos y asistentes espontáneos, y posteriormente se dio la palabra a representantes de dependencias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.
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— Desde La Silla (@Desde_LaSilla) June 20, 2025
Una de las posturas más enfáticas a favor de la tipificación penal fue la del abogado Omar Cacelin Hernández, quien defendió el artículo como una herramienta de prevención con enfoque en derechos humanos:
“El ciberasedio es una forma grave de violencia digital. No se trata de censura, sino de proteger la salud mental de nuestras adolescencias. El agresor no necesita estar físicamente presente: la víctima lleva el acoso en su celular, sin que nadie lo note. No actuar es condenarlos a una violencia silenciosa. Puebla tiene la obligación ética y legal de ser ejemplo”.
Desde la perspectiva de los derechos de la niñez, Jocelin Sanmartín Rosas, directora de la Policía Cibernética, sostuvo que el ciberasedio debe distinguirse del ciberacoso:
“El ciberacoso es más vigilancia; el ciberasedio es un ataque directo, persistente. Nuestros adolescentes están siendo agredidos por su apariencia, su orientación o sus opiniones. Este tipo penal era necesario, aunque puede perfeccionarse”.
Posturas críticas: riesgo de criminalizar la expresión
Por otro lado, diversos expertos, periodistas y defensores de derechos humanos advirtieron sobre el riesgo de que el artículo 480 sea utilizado como un instrumento de censura o persecución contra voces incómodas.
Luis Moreno, de la organización internacional Artículo 19, fue tajante:
“Claro que es censura. Afecta no solo a periodistas, sino a cualquier ciudadano que exprese una opinión crítica en redes. Es un retroceso de 20 años. México ha recibido recomendaciones internacionales para eliminar estas figuras penales. El daño moral puede y debe tratarse en el ámbito civil”.
Desde la academia, Sanik David George, de la Ibero Puebla, destacó que la persecución penal debería ser una medida excepcional.
“Este artículo crea un tipo penal ambiguo que puede ser usado para inhibir discursos legítimos. No todos los mensajes ofensivos son delictivos. Se necesitan herramientas civiles, no cárcel”.
En la misma línea, Samantha Páez, de la Red Puebla de Periodistas, cuestionó el enfoque punitivo.
“Criminalizar no repara el daño. Se requiere educación digital y estrategias de prevención. La violencia en línea no se resolverá encarcelando a más personas”.
Periodistas piden excepciones claras y garantías
El foro también sirvió para visibilizar la preocupación del gremio periodístico. Valentín Paredes Hernández, presidente de la Asociación de Periodistas en Puebla, solicitó una modificación al artículo 480 para evitar que se persiga la crítica o denuncia pública.
“Vemos ambigüedad en la redacción actual. Proponemos que se excluya de sanción a periodistas, activistas y ciudadanos cuando actúen en ejercicio legítimo de su libertad de expresión, derecho a la información o derecho de petición”.
Claudia Martínez Sánchez, del Colectivo Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, propuso trabajar conjuntamente en un apartado específico que salvaguarde los derechos del gremio.
“Estos foros deben servir para construir, no solo debatir. La ley debe protegernos, no silenciarnos, hay que aprovechar estos foros”.
Un momento significativo del foro fue la reproducción del audio de una joven víctima de ciberacoso, quien relató haber sido objeto de mensajes obscenos, suplantación de identidad y ataques en redes sociales.
“Ya no me siento segura al subir una foto. Me han creado perfiles falsos, difundido contenido sexualizado, y hasta contactado a mis amigos para desacreditarme. Me quitaron las ganas de usar redes sociales. Ya no me siento respetada ni valorada”.
Postura de autoridades: posibilidad de reforma, no derogación
Desde el ámbito oficial, la mayoría de las autoridades coincidieron en que el artículo puede ser reformado para evitar abusos, pero no debe ser derogado.
Gabriel Alonso de Haro López, de la Fiscalía, afirmó:
“Las críticas sociales no configuran delito. Se requiere acreditar la intención de dañar. Este tipo penal da herramientas para investigar casos reales de violencia digital, sobre todo contra mujeres, menores y adultos mayores”.
Juan Jesús Gutiérrez Estrada, magistrado federal, subrayó que la ley debe analizarse con criterios de proporcionalidad.
“La Corte ha dicho que expresiones satíricas o críticas públicas no son sancionables, salvo que inciten a la violencia. Sí debe revisarse el artículo 480 para evitar ambigüedades, pero no se puede asumir que su existencia vulnera per se la libertad de expresión”.
Marco Antonio Moreno, de la Comisión de Derechos Humanos, llamó a evitar discursos polarizantes:
“No podemos caer en lógicas de confrontación. La ley debe estar armonizada con el lenguaje nacional e internacional de derechos humanos”.
Conclusión: ¿regular o censurar?
El foro cerró con conclusiones encontradas. Algunos participantes, como Xanic David, insistieron en que la creación de delitos no ha frenado conductas sociales.
“Si realmente queremos proteger a las infancias, no basta con castigar. Hay que prevenir, atender y reparar. No se trata de atacar a la prensa o a los activistas”.
A su vez, Juan Carlos Pérez Vallejo, de la Policía Cibernética, rechazó la derogación total, pero se mostró abierto al diálogo:
“Estoy en contra de eliminar el artículo, pero podemos reformarlo. Esto no es una simulación, las autoridades estamos aquí para trabajar en conjunto”.
El foro dejó sobre la mesa la pregunta clave: ¿cómo proteger a las víctimas del entorno digital sin restringir derechos fundamentales?
Mientras organizaciones como Artículo 19 y redes de periodistas piden la derogación inmediata del artículo 480, sectores jurídicos y de seguridad pública apuestan por una reforma que afine su aplicación sin perder el enfoque de protección.
Por ahora, el Congreso de Puebla deberá decidir si modifica, mantiene o elimina este polémico artículo. Lo cierto es que el debate apenas comienza.
