La Fiscalía peruana, a cargo del Equipo Especial Lava Jato, presentó este miércoles una nueva acusación penal contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori y otras 13 personas, en el caso conocido como “Cócteles”, por presunta financiación irregular de sus campañas de 2011 y 2016. En la acusación se incluyen los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica; además, se solicita una pena de 35 años de prisión y una multa de 730 días.
Esta nueva acusación sucede tras la anulación del juicio oral en abril por fallas procesales detectadas por el Tribunal Constitucional. Con este paso, el caso regresa ahora a la etapa de control de acusación, la cual determinará si se abre un nuevo juicio oral.
En la lista de imputados, además de Fujimori, figuran figuras como Pier Figari, Jaime Yoshiyama, Ana Rosa Herz, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, su exesposo Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como las personas jurídicas del partido Fuerza Popular y la empresa MVV Bienes Raíces.
El fiscal José Domingo Pérez considera que los aportes irregulares, asociados a empresas como Odebrecht y grupos económicos peruanos, ascendieron a aproximadamente 17 millones de dólares y fueron ocultados bajo la modalidad de eventos como cócteles, rifas y otras colectas.
Testigos aseguran que Fujimori y su círculo coordinaban la entrega de donaciones a través de terceros para evitar su trazabilidad .
La nueva acusación eleva de 30 a 35 años la petición de prisión para Fujimori, además de la multa económica y la posible inhabilitación política, en un caso que podría afectar sus aspiraciones actuales dentro de la política peruana.
Este proceso se produce en un contexto judicial que ya ha implicado a múltiples expresidentes peruanos vinculados al caso Lava Jato. Mientras la Fiscalía avanza nuevamente a juicio, el entorno político de Fujimori —líder del partido Fuerza Popular y figura presente en el Congreso— observa con atención el impacto político y legal que podría tener el desarrollo de este expediente antes de las próximas elecciones en 2026.
