La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, dio a conocer listados oficiales con corte al 31 de diciembre de 2025 que exhiben pensiones millonarias otorgadas a exdirectivos y altos mandos de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), reavivando el debate sobre los privilegios en el sector público.
De acuerdo con la información difundida, existen casos de jubilaciones que superan el millón de pesos mensuales netos, principalmente en LyFC —empresa liquidada en 2009—, donde antiguos contratos colectivos permitieron esquemas altamente favorables. En Pemex, aunque menos frecuentes en ese rango, también se registran percepciones cercanas al millón de pesos.
Entre los casos más destacados se encuentra el de Carlos Arturo Sánchez Magaña, excoordinador de asesores en Pemex, con una pensión mensual de 1 millón 107 mil pesos; así como exdirectivos de LyFC como Jorge Evodio Chapa de la Torre, Edgar Velázquez Butrón y Kenneth Sydney Smith Jacobo, quienes perciben montos superiores al millón de pesos.
Además, miles de jubilados —principalmente de base en LyFC— reciben entre 200 mil y más de 400 mil pesos mensuales, cifras que en algunos casos superan el salario de la Presidencia de la República, lo que ha generado críticas por la desigualdad frente a las pensiones promedio del país, que rondan entre 6 mil y 8 mil pesos en sistemas como IMSS e ISSSTE.
La publicación de estos datos forma parte del impulso a una reforma al artículo 127 constitucional promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum, la cual busca establecer un tope a las pensiones de exservidores públicos de alto nivel, limitándolas a un máximo del 50% del salario presidencial.
La iniciativa, ya aprobada en el Senado y en espera de discusión en la Cámara de Diputados, pretende eliminar lo que el gobierno ha calificado como “privilegios excesivos” y generar ahorros por miles de millones de pesos al erario.
Sin embargo, el tema ha abierto un frente legal y político: mientras autoridades defienden la medida como parte de la austeridad republicana, especialistas y beneficiarios advierten que se trata de derechos adquiridos que podrían derivar en una ola de amparos.
El caso de las llamadas “pensiones doradas” se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la agenda pública, al evidenciar la brecha entre los beneficios de una élite del sector público y la realidad de millones de jubilados en México.
