La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina de este miércoles, ha encendido un intenso debate nacional. Promovida como una respuesta a los recientes mensajes antimigrantes difundidos por el gobierno estadounidense a través de medios mexicanos, la ley ha sido bautizada por la oposición y organizaciones civiles como la «Ley Censura».
Aunque el gobierno afirma que se trata de una reforma orientada a garantizar el acceso universal a Internet, fortalecer la cobertura y fomentar la competencia, juristas y especialistas en libertad de expresión han expresado reservas sobre el alcance y los posibles efectos colaterales de la iniciativa.
¿Qué detonó esta reforma?
La iniciativa surge tras la transmisión en México de un polémico spot publicitario protagonizado por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EU, como parte de una campaña promovida por Donald Trump. El mensaje, calificado por la presidenta Sheinbaum como “xenófobo y discriminatorio”, fue emitido en horarios estelares durante partidos de fútbol y a través de plataformas digitales como YouTube y TikTok.
Aunque México eliminó en 2014 la prohibición para que gobiernos extranjeros difundieran propaganda en medios nacionales, Sheinbaum propuso reinsertar esa restricción. Días después, el Senado aprobó la reforma en comisiones, en un proceso que opositores consideran «exprés» y sin discusión parlamentaria suficiente.
¿Qué dice exactamente la nueva ley sobre la «censura»?
Contrario a lo que se ha señalado en redes sociales, la ley no contiene un artículo explícito que permita censurar contenidos. De hecho, el artículo 109 —anteriormente acusado de abrir la puerta a la censura por su ambigüedad— fue eliminado del texto legal, y se reforzaron mecanismos para proteger a las audiencias y garantizar el derecho a la información.
Sin embargo, sí se introducen restricciones específicas a la difusión de propaganda política o ideológica de gobiernos extranjeros. Según explicó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, solo se permitirá publicidad extranjera con fines turísticos, culturales o educativos, no mensajes que puedan influir en procesos políticos o generar discriminación.
¿Qué opinan los expertos?
El constitucionalista Miguel Carbonell señaló que si bien el Estado mexicano tiene la facultad de limitar ciertas expresiones para proteger el orden público o evitar la discriminación, “hay una delgada línea entre establecer reglas claras y entrar en una lógica de control del discurso”.
Por su parte, la politóloga Denisse Dresser advirtió que “aunque la intención es legítima, el diseño institucional del nuevo órgano regulador —que depende del Ejecutivo y sustituye al IFT— pone en riesgo la autonomía que debe regir las decisiones sobre contenidos y concesiones”.
Principales cambios en la ley
Pepe Merino, titular de la Agencia Digital explicó lo siguiente:
En la #MañaneraDelPueblo, José Merino (@PPmerino), titular de la @AgenciaGobMX, detalló los principales puntos de la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y explicó que sus objetivos son:
📌Lograr el acceso a internet para todas y todos
📌El uso justo e inclusivo… pic.twitter.com/f0ANxozjEb— Canal 22 México (@Canal22) June 25, 2025
• La Comisión Reguladora de Comunicaciones será el nuevo órgano regulador con independencia técnica, operativa y de gestión, encabezados por un cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado.
• El Estado será prestador de servicios de Internet, podrá competir en igualdad de condiciones que los privados, neutralidad de competencia.
• Se prohíbe la propaganda política de gobiernos extranjeros.
• En el caso de plataformas digitales, se prohíben las pautas.
• Se eliminó el artículo 109 para que no quede ningún indicio o supuesto de censura.
• Se habilitaron los mecanismos de defensores de audiencias.
• Las personas con discapacidad están considerados, así como la perspectiva de género en igualdad de condiciones.
• Descuentos en pagos de espectro a cambio de despliegue de infraestructura.
• Interconexión con empresas comerciales.
• Posibilitar que hasta el 3% de patrocinios locales en las radios comunitarias, mecanismos de sostenibilidad financiera para que puedan sobrevivir.
• Se destinará entre el 1 y el 10% de presupuesto de comunicación social a las radiodifusora comunitarias.
• Retiro de cables en desuso.
• Simplificación y homologación de trámites.
Hoy, en la conferencia mañanera de la presidencia de la república se presentó el documento oficial sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.🎙️
Consulta aquí 👇https://t.co/4ZPF4krmNd pic.twitter.com/1eTqHm7Pf2— Defensoría Audiencias SURTC UAQ (@SurtcUaq) June 25, 2025
¿Una ley progresista o un riesgo para la libertad?
El gobierno ha insistido en que la ley no representa censura, sino un ejercicio de soberanía digital y responsabilidad comunicacional. No obstante, organizaciones como Artículo 19 y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) señalan que la verdadera prueba será cómo se aplique la ley en la práctica y si existe una supervisión efectiva e independiente.
En palabras del politólogo Luis Carlos Ugalde, “el riesgo no está en lo que la ley dice, sino en lo que permite hacer sin contrapesos. Si el nuevo regulador termina subordinado al Ejecutivo, estaremos frente a un retroceso disfrazado de modernización”.
