El presidente municipal de Nogales, Sonora, Juan Francisco Gim, vio cancelada su visa para ingresar a Estados Unidos, en una decisión del gobierno de Donald Trump que, aunque sin explicaciones públicas, se produce en un contexto de alta tensión política y migratoria en la frontera. La información fue confirmada a Proceso por una funcionaria del servicio de inmigración estadounidense, quien argumentó que los motivos se mantienen bajo reserva por razones de “privacidad”.
Gim, quien logró en 2024 una reelección inédita con el respaldo de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” —integrada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Nueva Alianza—, obtuvo cerca del sesenta por ciento de los votos, equivalentes a más de cuarenta y dos mil sufragios. Este capital político, forjado en la dinámica transfronteriza de Nogales, sufrió un golpe diplomático cuando en junio pasado, durante una entrevista con Fox News, el alcalde declaró su apoyo a las deportaciones masivas promovidas por Trump, afirmando que “Estados Unidos está limpiando la casa”.
Sus palabras generaron críticas dentro y fuera de su partido, al coincidir con operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que derivaron en redadas violentas contra comunidades migrantes. La postura de Gim contrastó con la línea oficial del gobierno mexicano, que ha exigido respeto a los derechos humanos en materia migratoria.
La cancelación de la visa ocurre menos de un mes después de que el Departamento de Estado retirara también las visas de no inmigrante a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres. Ambos atribuyeron la medida a “disposiciones internas” del gobierno estadounidense, en un “contexto binacional complejo”, negando acusaciones formales en su contra.
Medios de información nacionales señalan que, aunque la revocación de visas a funcionarios mexicanos en activo no es inédita, sí constituye un mensaje político de alto nivel. En el caso de Sonora, el impacto es doble: por un lado, limita la capacidad del alcalde para sostener reuniones transfronterizas y, por otro, envía una señal sobre la política migratoria local en sintonía con la administración Trump.
Analistas en temas de seguridad y relaciones internacionales advierten que este tipo de acciones suelen ser resultado de procesos de evaluación que incluyen antecedentes judiciales, vínculos políticos y declaraciones públicas que pueden interpretarse como injerencia o colaboración en políticas estadounidenses. La falta de transparencia en los criterios fortalece las especulaciones, especialmente cuando se producen en serie y contra figuras del mismo bloque político.
