En la ciudad de Puebla, donde la ley estatal prohíbe de manera tajante la instalación de comercio ambulante a menos de 100 metros de hospitales y centros de salud, la administración del exalcalde Eduardo Rivera Pérez movió piezas normativas que, en la práctica, relajaron esa prohibición y dejaron espacio para tratos diferenciados con organizaciones de comercio informal.
La Ley Estatal de Salud lo dice sin medias tintas: no puede haber comercio ambulante ni semifijo en un radio de 100 metros alrededor de los hospitales que integran el sistema estatal de salud.
Esa restricción busca evitar riesgos sanitarios para pacientes y personal médico. Sin embargo, en 2023 el Ayuntamiento de Puebla, bajo la gestión de Eduardo Rivera Pérez, aprobó una reforma al capítulo 16 del Código Reglamentario Municipal (Coremun), para permitir el comercio ambulante, semifijo y prestadores de servicios en la vía pública, incluyendo afuera de hospitales.
Esta modificación fue elaborada por la Comisión de Gobernación, cuyos integrantes eran regidores alfiles al presidente municipal: los panistas Miguel Ángel Mantilla, María Dolores Cervantes, Carlos Montiel Solana y Gabriela Ruiz Benitez.
Las consecuencias: en menos de dos años, el IMSS identificó que en 22 puntos, el comercio informal tomó accesos de unidades hospitalarias y pidió a la Comuna un plan para retirarlos.
Lo que hizo el Ayuntamiento de Eduardo Rivera fue alterar la ley que antes limitaba o disciplinaba de forma más rígida la operación de vendedores en la calle, al modificarse apartados sobre quién podía instalarse, bajo qué giros y con qué renovaciones de permiso, con cuotas que se caracterizaron por su discrecionalidad.
“Artículo 647 Bis. El giro de venta de alimentos, que realicen las personas vendedoras ambulantes y semifijas en los centros educativos y hospitalarios serán preferentemente los considerados bajo la siguiente clasificación: a) a f)…”, señala el apartado que se adicionó al Coremun.
Esos cambios no declaran públicamente que se estaba violando la ley estatal, ni mucho menos que abrió la puerta a una preferencia por ciertos giros en lugares sensibles que, en la práctica, abrieron una “zona gris” alrededor de hospitales donde algunos puestos funcionaban con tolerancia y otros eran excluidos sin base legal clara.
De acuerdo con el artículo 648 del Coremun, además de que se permitió la instalación de vendedores de alimentos afuera de hospitales pese a que existe una ley estatal, también se autorizaron otros tres tipos de prestadores ambulantes de servicios: aseadores de calzado, aseadores de vehículos y cualquier otro que el Cabildo aprobara mediante acuerdo.
El artículo 648 Bis detalla que los aseadores de vehículos podrían instalarse en puntos muy concretos: el Jardín del Carmen, con hasta 13 permisos; el Paseo Bravo, con 21; la calle 10 Norte en el barrio de San Francisco, con 18; la calle 15 Sur en Santiago, con 5; la calle 18 Oriente en el barrio de San José, con 21; el Jardín de Dolores, con 5; el Parque de Analco, con 7; y el estacionamiento del Parque Benito Juárez, con 4.
Además, se autorizaron espacios en parques municipales fuera del Centro Histórico y en el caso de los aseadores de calzado, la actividad fue permitida en todo el polígono del Centro Histórico, con un límite de 46 permisos.
Las consecuencias
En los artículos 648 y 648 Bis del Coremun, el Cabildo definió giros permitidos para prestadores de servicios ambulantes y les asignó zonas concretas con un número determinado de permisos.
Aunque sobre el papel la intención era “ordenar” la actividad, en la práctica la reforma abrió un margen legal para que la vía pública se concesionara a determinados oficios, incluso en áreas de alta afluencia peatonal y cercanas a instalaciones médicas.
El resultado, denuncia ahora el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es que en 22 puntos de la capital el ambulantaje tomó por asalto los accesos a hospitales, clínicas, oficinas administrativas y guarderías.
En un oficio dirigido al Ayuntamiento, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, María Magdalena Tinajero Esquivel, advirtió que la invasión de comerciantes informales impide el libre tránsito, bloquea rampas para personas con movilidad reducida y, en algunos casos, entorpece el paso de ambulancias.
El IMSS no pidió más policías ni operativos temporales: propuso instalar parquímetros alrededor de sus instalaciones para desalentar el ambulantaje y recuperar el espacio público.
La lista negra del instituto incluye unidades como la UMF No. 1 en el Barrio de Santiago, el Centro de Seguridad Social Benito Juárez, el Hospital de Especialidades de San José y varias guarderías. Todas comparten el mismo problema: calles convertidas en tianguis improvisados, donde el negocio privado en la gestión panista se impuso sobre el derecho a la salud.
Durante los últimos dos periodos de gobierno municipal en Puebla, encabezados por Eduardo Rivera Pérez y posteriormente por Adán Domínguez Sánchez, el manejo del comercio ambulante estuvo marcado por operativos intermitentes, promesas de reordenamiento y acusaciones sobre tolerancia selectiva que beneficiaron a ciertos grupos de vendedores.
En la administración de Rivera, se anunciaron acciones para “evitar la anarquía” del ambulantaje en el Centro Histórico. Sin embargo, al mismo tiempo anunció esquemas de reubicación con 12 zonas definidas para la operación de agrupaciones, muchas de ellas con cobros por el uso del espacio.
Según críticos como José Juan Ayala, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, esto terminó por formalizar la ocupación de la vía pública bajo criterios discrecionales y con tintes clientelares.
En el periodo de Adán Domínguez, quien asumió la presidencia municipal tras la salida de Eduardo Rivera, el discurso fue el de mantener “limpio” el Centro Histórico y prolongar los operativos hasta el final de la administración. Sin embargo, su gestión también enfrentó cuestionamientos por la efectividad de estas acciones y por lo que opositores y vecinos describieron como un “abandono” en la recta final de su mandato.
