En medio de los recientes ajustes administrativos en Puebla, se ha confirmado que el estado contará con una bolsa de 22 millones de pesos provenientes del convenio de coordinación firmado con la Federación para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas.
Este recurso, vital en la lucha por encontrar a quienes siguen ausentes, será administrado a través de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, hoy bajo nueva titularidad.
Apenas esta semana, el secretario de Gobernación estatal, José Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que el exdiputado local Enrique Rivera ha sido designado como el nuevo responsable de esta delicada tarea. El nombramiento llega en un contexto de alta sensibilidad no sólo por la magnitud del problema de las desapariciones, sino también por la urgente necesidad de que estos recursos lleguen efectivamente a las familias que buscan a sus seres queridos.
El subsidio federal, formalizado a través de un convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 25 de abril, impone reglas estrictas: los recursos deben ser aplicados exclusivamente en proyectos de búsqueda aprobados y debidamente registrados, con la obligación de rendir informes trimestrales y garantizar la transparencia total del gasto.
Por si eso no fuera poco, esa partida tampoco pierde su carácter federal al ser transferidos ni se integran al patrimonio estatal, por lo que su uso está condicionado exclusivamente a las disposiciones emitidas por la Federación.
En otras palabras: El gobierno del estado no puede apropiarse de estos fondos ni desviarlos de su objetivo, lo que implica que están sujetos a auditoría, verificación y posible reintegro si no se ejercen conforme a los lineamientos. De ahí que la confianza que la Federación deposita al asignar estos recursos puede retirarse si no se garantiza su uso correcto y transparente.
Sin embargo, el verdadero desafío que enfrenta Enrique Rivera va más allá del cumplimiento técnico o administrativo en el uso de esa bolsa o la misma comisión.
Diversas voces, especialmente de colectivos de madres buscadoras y organizaciones de familiares de desaparecidos, han expresado una preocupación singular: temen que el subsidio no aterrice directamente en acciones de campo, que el dinero se burocratice o, peor aún, que grupos externos con fachada académica o de activismo lo canalicen hacia fines distintos a la búsqueda real de personas.
Sus preocupaciones tienen fundamento, pues, históricamente, el dolor genuino de las familias ha sido “instrumentalizado” por terceros que ven en los subsidios una fuente para sostener estructuras ajenas al objetivo central de la comisión.
Ante este escenario, Enrique Rivera tiene la crítica tarea de garantizar que la bolsa de recursos beneficie directamente a quienes buscan, no a intermediarios.
Lejos de ser una debilidad, su experiencia política y su paso por la subsecretaría de Gobernación estatal son, en realidad, fortalezas clave. Haber estado al frente de la atención de conflictos, conocer el territorio estatal, leer las emociones sociales y tener la capacidad de interlocución con víctimas, familiares y organizaciones, son atributos indispensables para esta etapa y para el cargo.
Los perfiles estrictamente técnicos, si bien aportan método, suelen fallar en lo más elemental: la sensibilidad. Rivera tiene hoy la oportunidad de demostrar que el oficio político puede ser un vehículo para escuchar, acompañar, resolver y dar seguimiento real a una de las causas más dolorosas del país.
Para lograrlo, deberá construir puentes de confianza, mantener abiertos los canales de comunicación con las familias, ofrecer resultados tangibles en las acciones de búsqueda y, sobre todo, garantizar la transparencia absoluta en el ejercicio de cada peso.
Debe evitar la cooptación del subsidio por actores ajenos, por muy bienintencionados que parezcan, y enfocarse en lo urgente: las personas de carne y hueso que siguen esperando noticias de sus seres queridos.
Puebla, como todo México, necesita que la búsqueda de personas no sea solamente un discurso, sino una práctica ética, efectiva y tangible. La tragedia de las desapariciones no se resuelve con palabras ni con actos simbólicos: exige acciones reales, coordinadas y humanas.
El reto que hoy enfrenta Enrique Rivera no es menor, pero estamos frente a una oportunidad histórica para hacer las cosas bien, para honrar la confianza de las familias, y para dignificar una causa que no admite titubeos. La responsabilidad está en sus manos, y con ella, la esperanza de miles de personas que siguen esperando respuestas.
Que así sea.
