La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó este martes una estrategia estructural para hacer frente al delito de despojo, un fenómeno que, según sus palabras, “lastima familias, rompe vínculos comunitarios y opera en la sombra con apariencia de legalidad”. Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina encabezó una conferencia de prensa en la que detalló la conformación del Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, así como un conjunto de reformas legislativas con penas agravadas y figuras penales ampliadas.
La estrategia responde a una creciente preocupación social: la apropiación ilegal de inmuebles, ya sea mediante la violencia directa o por actos jurídicos simulados, que afectan sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad. Brugada subrayó que el fenómeno es multifactorial, estructural, y que implica vacíos legales, corrupción notarial, omisiones institucionales y redes criminales con capacidad operativa y poder de cooptación.
En este contexto, el Gobierno capitalino instalará una Unidad Operativa Especializada contra Despojos, adscrita a la Secretaría de Gobierno, con la tarea de coordinar denuncias, revisar expedientes y activar acciones inmediatas. La estrategia contempla además una campaña permanente de prevención y cultura de la legalidad, para que la ciudadanía aprenda a reconocer fraudes inmobiliarios y sepa cómo denunciar.
Durante la conferencia, la fiscala general de justicia, Bertha María Alcalde Luján, presentó las reformas al artículo 237 del Código Penal de la CDMX. Entre las principales modificaciones, se propone que el delito de despojo base se castigue con 6 a 11 años de prisión, y en caso de agravantes —como violencia, falsificación de documentos o suplantación de identidad— la pena escalará hasta 22 años, sin derecho a fianza.
Se ampliarán las conductas tipificadas como despojo: desde romper cerraduras o forzar ventanas hasta impedir el uso pacífico del inmueble por medios indirectos. También se agregará una nueva figura equiparable, incluida en el artículo 238 Bis, para sancionar la posesión ilegítima persistente aun después de una orden legal de desalojo.
Las reformas contemplan también sanciones especiales cuando participen notarios, auxiliares, servidores públicos reales o simulados, o cuando el despojo ocurra en inmuebles de valor ecológico, histórico o patrimonial. Las víctimas protegidas se amplían para incluir a menores de edad, personas embarazadas, adultos mayores, pueblos indígenas y descendientes directos.
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, explicó que el despojo se manifiesta en tres formas principales: actos simulados (como escrituras falsas o contratos ficticios), actos violentos (con uso de amenazas, fuerza o armas), y usufructo ilegítimo derivado de vacíos en la titularidad. Para enfrentarlo, el Gabinete interinstitucional está integrado por más de diez dependencias y órganos, entre ellos la Fiscalía, el Registro Público de la Propiedad, el INVEA, el Poder Judicial, la Consejería Jurídica y la Comisión de Derechos Humanos.
Además, se habilitó una línea directa de atención (55 53 45 81 20), una mesa especializada en el Zócalo Ciudadano, y se integró el tema al programa Territorios de Paz. Las denuncias podrán canalizarse también por redes sociales, Locatel, asambleas comunitarias o ministerios públicos. La actuación se basa en protocolos que contemplan análisis legal del caso, determinación de la vía procesal (penal, civil o administrativa) y restitución del bien inmueble.
Una pieza clave de la estrategia será la creación de alertas electrónicas ante inscripciones sospechosas en el Registro Público de la Propiedad, así como la posibilidad de que autoridades administrativas soliciten inscripciones precautorias sobre bienes públicos en riesgo. También se exigirá un documento de validación cuando un notario de otro estado intente registrar escrituras en la Ciudad de México, como medida para evitar simulaciones notariales provenientes de otras entidades.
Eréndira Cruzvillegas, consejera jurídica de la CDMX, destacó la urgencia de cerrar los vacíos normativos que han sido aprovechados para falsificar testamentos, manipular juicios de sucesión o registrar propiedades con documentos apócrifos. Subrayó que también se revisará el artículo 806 del Código Civil local para establecer criterios sobre buena fe contractual.
Finalmente, la Fiscalía capitalina se comprometió a fortalecer su estructura operativa mediante la creación de una fiscalía especializada exclusiva para despojos, la profesionalización de su personal y el diseño de una unidad especial para atender casos de alto impacto, reincidencia o vínculos delictivos.
La estrategia, insistieron las autoridades, no se limita al endurecimiento de penas, sino que busca proteger derechos humanos, reconstruir vínculos sociales y evitar que el crimen patrimonial siga cobrando víctimas. Para Clara Brugada, “cuidar los hogares es cuidar la paz en esta ciudad”.
