El gobierno de la Ciudad de México presentó un paquete de trece disposiciones para reforzar el control del transporte de sustancias tóxicas y peligrosas, a veinte días de la explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, en Iztapalapa, que ocasionó 31 fallecidos y 53 personas lesionadas.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que la estrategia incluye nuevas reglas de velocidad, rutas y horarios de circulación, así como revisiones en los cinco principales accesos carreteros a la capital. La intención es cerrar las brechas que, hasta ahora, habían permitido a transportistas operar con discrecionalidad en materia de seguridad.
Entre las medidas destaca la prohibición de ingreso de unidades con más de 40 mil litros de carga de hidrocarburos. Los vehículos con capacidad de 20 mil a 40 mil litros únicamente podrán circular de 22:00 a 05:00 horas, mientras que aquellos con menos de 20 mil litros tendrán horarios y vialidades más flexibles. En todos los casos, la velocidad máxima será de 30 kilómetros por hora.
Brugada señaló que estas restricciones no requieren reformas legales, sino ajustes al Reglamento de Tránsito capitalino. Con ello, se fijan sanciones más severas: las multas por incumplir disposiciones vinculadas al transporte de sustancias peligrosas se duplicarán, alcanzando montos cercanos a los 22 mil pesos, además de la pérdida de puntos en la licencia de manejo.
La regulación también incluye la instalación de radares móviles en carreteras de ingreso —México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla—, exclusivos para transporte de materiales peligrosos. Los operativos estarán acompañados de puntos de revisión aleatorios, con supervisión externa y coordinación de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
El gobierno capitalino endurecerá los requisitos para obtener la licencia tipo E12, que ahora exigirá constancias de capacitación en manejo de sustancias tóxicas avaladas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, además de un dictamen técnico expedido por la ASEA. Las empresas de distribución de gas y combustibles deberán elaborar programas internos de protección civil.
La Fiscalía General de Justicia capitalina informó que la explosión en La Concordia no se debió a fallas mecánicas ni al mal estado del pavimento. Según la titular, Bertha Alcalde, las válvulas de la pipa funcionaban adecuadamente y no se detectaron daños previos en la carpeta asfáltica. Los peritajes concluyeron que el vehículo cumplía con condiciones técnicas mínimas, lo que refuerza la tesis de que los riesgos están en la operación cotidiana de estos transportes.
Brugada añadió que las familias afectadas recibirán un segundo apoyo económico solidario en tanto concluyen las investigaciones. “No podemos permitir que una tragedia así vuelva a repetirse”, declaró. Con estas disposiciones, la Ciudad de México pretende equilibrar la movilidad de insumos estratégicos con la protección de la vida de sus habitantes.
