El gobierno de Puebla reaccionó tras la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa que impuso una sanción a María Teresa Castro Corro, exsecretaria de Planeación y Finanzas del sexenio barbosista, al asegurar que en el estado nadie está por encima de la ley y que la lucha contra la corrupción no tiene tintes políticos.
En un comunicado, el secretario Anticorrupción y de Buen Gobierno, Alejandro Espidio Reyes, apuntó que las sanciones dictadas contra exfuncionarios del gobierno anterior son resultado del cumplimiento de la ley y que no se trata de una persecución.
Espidio Reyes manifestó que el gobierno estatal mantiene un compromiso “inquebrantable” con la transparencia y la rendición de cuentas, y que todo servidor público, sin importar su cargo o militancia, debe responder ante la ley.
“En Puebla no hay persecución, pero tampoco se incurre en omisiones. La justicia y la integridad pública no tienen colores ni excepciones”, señala el escrito.
La postura del Ejecutivo se da luego de que el Tribunal halló responsable a Castro Corro de abuso de funciones y desvío de recursos públicos por haber autorizado la inversión de más de 604 millones de pesos del erario poblano en Banco Accendo, institución financiera que colapsó meses después de recibir los fondos.
Por ello, la exfuncionaria fue sancionada con 20 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa superior a los 362 millones de pesos, una de las más altas impuestas en el estado.
“Se determina que María Teresa Castro Corro, quien al momento de los hechos ocupó el cargo de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, es plenamente responsable en la comisión de las faltas administrativas graves, consistentes en Desvío de Recursos Públicos y Abuso de Funciones”, señala la sentencia.
La resolución quedó contenida en el expediente 134/2024-PRA-SERA-2 de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas. Los magistrados Edgar Sánchez Farfán, Martín Fuentes Morales y Raúl Palomares Palomino resolvieron por unanimidad que las decisiones de Castro Corro generaron un daño directo a las finanzas estatales, al invertir dinero público en una entidad que ya enfrentaba observaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
De acuerdo con la sentencia, las acciones de la exsecretaria provocaron “un perjuicio económico y jurídico al Estado”, por lo que además de la multa millonaria, se le prohíbe ocupar cualquier cargo en el servicio público hasta 2045.
Investigan a varios exfuncionarios
La fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt informó que además de la extitular de Finanzas, Teresa Corro, se investigan a varios exfuncionarios del gobierno barbosista por el caso.
En rueda de prensa, detalló que la dependencia a su cargo continúa recabando la información necesaria para integrar de forma debida la carpeta de investigación y llevar por la vía judicial este caso que se originó durante el sexenio del exgobernador Miguel Barbosa Huerta.
“En la integración de nuestra carpeta sobre el tema de Accendo Banco tenemos a varias personas personas involucradas en esta investigación, no sé si el Poder Judicial tenga a alguien más, pero ellos determinaron una sentencia”, afirmó.
Aunque la fiscal evitó precisar nombres, dejó claro que la investigación sigue abierta y que podrían formularse nuevas imputaciones contra exfuncionarios que tuvieron responsabilidad directa en la decisión de invertir recursos públicos en el banco privado.
El caso salió a la luz pública en 2023, cuando se reveló que en la administración de Miguel Barbosa Huerta, la funcionaria había depositado los fondos estatales en Accendo Banco, pese a los reportes de riesgo emitidos por la autoridad financiera.
Tras la quiebra de la institución, Puebla fue incluido en la lista de acreedores que buscan recuperar parte del dinero perdido. Actualmente, el gobierno estatal mantiene procesos legales para intentar resarcir los 604 millones de pesos que fueron invertidos en la institución bancaria, aunque hasta ahora no se han obtenido resultados favorables.
El colapso de Accendo dejó pérdidas por alrededor de 3 mil millones de pesos a gobiernos estatales y municipales en todo el país, entre ellos Puebla, Hidalgo y Veracruz.
En Hidalgo el monto ascendió a 807.1 millones de pesos, mientras que en Veracruz 300 millones de pesos quedaron en el limbo.
