La desaparición de personas en Puebla dejó de ser una estadística fría para convertirse en una de las prioridades de las instituciones estatales. De acuerdo con cifras del Ejecutivo, desde diciembre de 2024 a la fecha, la Comisión de Búsqueda de Personas en Puebla registró 427 reportes de desaparición. De ellos, 371 ya fueron localizados, incluidos 73 casos que llevaban años sin resolverse, lo que implica que en promedio, 9 de cada 10 personas desaparecidas en el estado lograron ser halladas, es decir, el 86.9 por ciento.
El organismo a cargo de Juan Enrique Rivera Reyes, informó que en lo que va del gobierno de Alejandro Armenta, desplegó más de mil 300 acciones de búsqueda en campo y 10 mil 800 de gabinete, en coordinación con fiscalías de los estados y la Fiscalía General de la República (FGR).
Armenta optó por mantener un contacto directo con colectivos como Voz de los Desaparecidos, con quienes hasta el momento ya sostuvo cuatro reuniones en los primeros 256 días de su administración.
Este acompañamiento fue cercano, toda vez que el mandatario, en las cuatro reuniones desde el Centro Integral de Servicios (CIS), escuchó las demandas de los colectivos con compromisos concretos: capacitación al personal, reuniones periódicas y recursos permanentes para la Comisión.
Además, la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Idamis Pastor Betancourt, se sumó a la par con el Programa de Identificación Humana, que ya permitió identificar 266 personas y entregar a sus familias 42 cuerpos en tiempos récord.
Los avances fueron presentados este lunes en la primera sesión del Gabinete Metropolitano para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la Ciudad de México, donde participaron autoridades de seis estados de la región centro.
El encuentro, según se dio a conocer, derivó en acuerdos para compartir información genética y técnica sobre personas no identificadas, así como coordinar recursos entre fiscalías e institutos forenses, lo que implica que el programa de identificación, en donde Puebla es pionera, podría extenderse a otras entidades del país tras el éxito que se tuvo en la entidad.
La Fiscalía poblana se reunió con secretarios de Gobierno, titulares de las Comisiones de Búsqueda de Personas y fiscales de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Morelos, Estado de México y de la Ciudad de México.
A la par, estuvieron presentes María Luisa del Pilar Aparicio Solano, encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en los Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares y Alejo Rogelio Carpio Ríos, director del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO), lo mismo que el secretario de Gobierno federal y la Fiscal General de la CDMX, César Arnulfo Cravioto Romero y Bertha María Alcalde Luján, respectivamente.
Según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, de la plataforma “Red Lupa”, que compara cifras oficiales de mayo de 2022 a mayo de 2025, hasta esa fecha se registraron 128 mil 064 personas desaparecidas en el país, de las cuales el 76.8 por ciento son hombres y el 22.8 por ciento mujeres.
En el caso de Puebla, la plataforma reportó 2 mil 586 personas desaparecidas en mayo de 2022; 2 mil 830 en el mismo mes pero de 2024 y 2 mil 958 para el presente año, colocándose en la posición 15 del ranking nacional.
Etapa de juicio por Paulina Camargo
Por otro lado, a 10 años de la desaparición de Paulina Camargo, la FGE informó que el proceso judicial está por entrar en la etapa de juicio, aunque aún queda pendiente la resolución de un amparo interpuesto por la defensa de José María N., señalado como responsable.
La fiscal especial del caso, Karla Michelle Salas, explicó recientemente que durante este tiempo la defensa del acusado ha promovido distintos recursos legales que han retrasado el procedimiento, pero aseguró que ahora se avanza hacia la apertura del juicio oral.
Paulina Camargo desapareció el 25 de agosto de 2015, cuando tenía 19 años y estaba embarazada. Desde entonces, su familia ha mantenido la exigencia de justicia y de que el caso no quede en el olvido. Mientras tanto, José María N. continúa bajo prisión preventiva a la espera de que se defina la fecha del juicio oral.
