Durante al menos ocho años, el nombre de Antonio Martínez Fuentes El Toñín ha estado estrechamente ligado a hechos delictivos en uno de los corredores delictivos más complejos de Puebla: el Triángulo Rojo. Su reciente aparición pública en Quecholac, en medio de un bloqueo carretero, volvió a colocar en el centro de la discusión la historia del hombre que se define como agricultor, pero que diversas autoridades federales y estatales han vinculado directamente al robo de hidrocarburo y a hechos de sangre.
La reaparición tuvo una consecuencia inmediata: el gobernador Alejandro Armenta pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) retomar las investigaciones contra Martínez Fuentes, luego de que éste lanzara insultos y amenazas contra el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala.
“Un delincuente cómo se va a expresar de una autoridad, que no se les olvide lo que ha pasado, hagan un poquito de memoria con lo que ha pasado con dos elementos de la Guardia Nacional, los tres ministeriales asesinados en Tecamachalco, no es un tema político, ni partidista ¿El robo de hidrocarburo en esa zona es un mito?”, manifestó el mandatario.
Sin embargo, esto sólo es la punta más visible de un historial que las instituciones federales han documentado desde 2017, en donde se le ha señalado por presuntamente estar detrás de hechos de violencia donde elementos de seguridad han perdido la vida.
De agricultor a presunto huachicolero
El Toñín es originario de Palmarito Tochapan y a lo largo de los años vendió su identidad pública bajo el relato de un hombre criado en la precariedad que prosperó gracias al trabajo agrícola.
Pero esa versión chocó frontalmente con la investigación que la entonces PGR abrió en 2017 por un enfrentamiento ligado al huachicol en Palmarito Tochapan. Aquella operación federal, ejecutada por Marina y Sedena, dejó un saldo de 10 muertos de los cuales seis fueron civiles y cuatro militares, así como el saldo incluyó 13 detenidos.
En esa ocasión, el operativo para detenerlo terminó frustrado cuando habitantes de Palmarito Tochapan, algunos armados, enfrentaron a autoridades y bloquearon la autopista Puebla-Orizaba para impedir su captura, lo que confirmó que, más allá de sus actividades, Martínez Fuentes cuenta con un respaldo social que había complicado su detención.
Desde entonces, su nombre quedó inscrito entre los principales generadores de violencia en la región y como presunto líder de una estructura ligada al robo de combustible, según exfuncionarios de seguridad y reportes ministeriales.
Ese mismo respaldo se hizo visible un año antes, cuando camiones cargados de frutas y hortalizas fueron distribuidos en colonias de Puebla y municipios del Triángulo Rojo. Él atribuyó los regalos a su trabajo en el campo, pero el Gobierno de Puebla, durante el mandato del exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, lo señaló como un intento por fortalecer su base de apoyo a través de manipulaciones a la población.
Los negativos alcanzaron a su hermano, Alejandro Martínez Fuentes, expresidente municipal de Quecholac, quien fue detenido el 27 de septiembre de 2021 por elementos de la Fiscalía del Estado de Puebla y la Secretaría de Seguridad Pública, debido a que existía una orden de aprehensión vigente en su contra por ejercicio indebido de funciones.
La detención se dio en su municipio, en Palmarito Tochapan, y durante el operativo también se reportó cateo a domicilios vinculados a su familia, en los que se aseguraron armas, drogas y equipo de video vigilancia.
En abril de 2024, otro escándalo estalló en plena contienda electoral: la hija del presunto líder huachicolero, Guadalupe Martínez, entonces candidata a la alcaldía de Quecholac, irrumpió en campaña a bordo de un Lamborghini Urus valuado en más de 6 millones de pesos.
Estos hechos obligaron al PRI a marcar distancia inmediata, pese a que el Partido Social de Integración –aliado de la coalición– insistió en respaldarla como su abanderada.
Meses después, ya en agosto, fue el propio Toñín quien regresó a las portadas: presumió en redes sociales la compra de una camioneta Ford Shelby de más de 2.5 millones de pesos. Lo hizo con la frase que pronto se volvió viral: “Mi familia compró una camioneta, de sus zanahorias”. Era la segunda adquisición de alto lujo que exhibía la familia en menos de un año.
El extitular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, recordó entonces que contra Antonio Martínez existe una investigación abierta desde antes de su llegada a la Fiscalía, señalándolo como uno de los principales objetivos en la estrategia contra el robo de hidrocarburo.
Los Mier, El Toñín, la gasolina
Pero la narrativa alrededor de El Toñín no se limita a los vehículos. La madeja que lo rodea en el Triángulo Rojo ha rozado a diversas figuras políticas, particularmente miembros de la familia Mier.
Durante su gobierno, Miguel Barbosa reveló que la página de Facebook vinculada a El Toñín bajo el nombre “Sangre Chicana”, difundió el informe legislativo del exdiputado Ignacio Mier Velazco, una muestra clara del compadrazgo entre ambas familias.
Y no era la primera vez que el entorno de los Mier aparecía ligado a personajes bajo investigación. En Tecamachalco, Ignacio Mier Bañuelos, hoy diputado federal, colocó como jefe de seguridad a Alejandro Santizo, figura señalada por presuntos vínculos con grupos dedicados al robo de ductos y protagonista de un caso mayor: su detención en 2021 por la ejecución de tres agentes ministeriales.
Ese mismo año, otra pieza del rompecabezas reforzó las sospechas: la detención de Sandra Nelly Cadena, diputada suplente y exfuncionaria municipal, en posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
Con vínculos con Jesús Portilla, un expolicía federal señalado por delitos que van del tráfico de personas al narcomenudeo, Cadena fue fotografiada en repetidas ocasiones apoyando eventos de campaña de los Mier, mientras que Portilla, según versiones periodísticas, presuntamente abastecía de armas a células delictivas, incluido presuntamente El Toñín.
Incluso la hija del legislador federal, Daniela Mier, quedó envuelta en señalamientos luego de que trascendiera un supuesto encuentro en Tecamachalco con Adriana Martínez Fuentes, hermana del líder huachicolero. Aunque negó una relación de amistad, admitió conocer a Nelly Cadena y haber coincidido con ella en actos proselitistas.
La relación entre la familia Mier y El Toñín fue visible nuevamente el pasado 3 de diciembre, luego de que, durante más de 24 horas, la autopista Puebla–Orizaba quedó paralizada por una protesta que terminó revelando que detrás del supuesto movimiento campesino operaban los intereses del presunto huachicolero.
Aunque el motivo del bloqueo fue por su inconformidad ante la nueva Ley General de Aguas, éste se vino abajo como narrativa ciudadana cuando apareció una camioneta del Ayuntamiento de Quecholac –gobernado por la hija de Martínez, Guadalupe–, con una pantalla gigante para transmitir un mensaje del diputado Ignacio Mier Bañuelos, a quien los manifestantes obedecieron y vitorearon, exhibiendo la coordinación política entre ambos grupos.
La presencia del aparato municipal y el respaldo abierto a los Mier contrastó con el intento previo de El Toñín de deslindarse. Semanas antes él mismo había encabezado asambleas en Palmarito para agitar inconformidades contra la reforma hídrica y durante el cierre reapareció en redes tratando de presentarse como mediador, pese a haber impulsado las movilizaciones que detonaron el conflicto.
Su hija, inicialmente renuente a intervenir, terminó encabezando la retirada tras el mensaje del diputado, lo que reforzó la percepción de que el bloqueo tenía dirección política desde el inicio.
