(I de II partes)
Pese a que la justicia de Estados Unidos prácticamente desmanteló el imperio construido por Genaro García Luna al amparo del PAN y la protección que brindó al Cártel de Sinaloa, en Puebla, antiguos integrantes del denominado “Cártel de García Luna” siguen activos como prueba de los últimos estertores de ese poderoso clan. Se trata de Luis Flores Fierros, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula; y Facundo Rosas Rosas, exsecretario de Seguridad Pública estatal.
El más desconocido de todos, pero no menos importante, es el actual responsable de la seguridad en el gobierno de la panista Guadalupe Cuautle Torres, quien decidió ratificarlo en el cargo pese a su oscuro historial.
La turbiedad va desde denuncias penales por abuso sexual hasta su involucramiento en el Clan de García Luna, a través del cual lo mismo fue exhibido por participar en un concierto de irregularidades en el Caso Ayotzinapa o exigir el cobro de cuotas para permitir la operación de huachicoleros, secuestradores y narcotraficantes cuando el grupo se entronizó en Baja California.
El ascenso meteórico en la PFP
La carrera de Luis Flores Fierros en la Policía Federal Preventiva (PFP) es un caso de despegue meteórico. Ingresó en 2009 como subinspector en la Sección Tercera del Estado Mayor y dos años después ya había ascendido por el complejo sistema de la corporación para convertirse en comisario de la División Antidrogas, que dependía de la Coordinación de Investigación de Recursos de Procedencia ilícita.
Dos años después, fue ascendido a director General de Inteligencia Financiera en la División Antidrogas, pero es justo ahí cuando inició el largo camino de manchas en su historial. A finales de julio de 2023, Luis Fierro, junto con un grupo de 30 agentes de la corporación, encabezaron un operativo sorpresa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sin que contaran con la autorización.
El Diario 24 Horas, responsable de dar a conocer el operativo, reveló que Flores Fierros y sus compañeros montaron todo el dispositivo contando con “información no validada” sobre un supuesto transporte de drogas en el vuelo AM-695, de la aeronave XA-JOY, procedente de Caracas, Venezuela.
Los policías federales arribaron al aeropuerto vestidos de civil y portando armas de alto calibre. Su actuar fue de tal torpeza que no solo no se identificaron plenamente, sino que violaron “múltiples protocolos de seguridad de la terminal aérea, que pusieron en riesgo tanto a los pasajeros como al personal”, refiere el rotativo.
Ante esa situación, el comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, tomó la decisión de cesar a Luis Flores Fierro y a Eduardo Francisco Rodríguez Martínez, director general de Investigación de la Unidad de Asuntos Internos.
Pese al escándalo, la carrera de Luis Flores no se detuvo en la Policía Federal Preventiva. La prueba de que el hoy secretario de Seguridad Pública de San Andrés Cholula sí era parte del equipo compacto del Clan García Luna y, por tanto, gozaba de la protección y confianza de los jefazos, fue su involucramiento en el Caso Ayotzinapa y sus ascensos que tuvo en la corporación.
La oscura noche de Iguala
La noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la escuela normal rural “Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero, fueron asesinados y sus cuerpos desaparecidos. La tragedia se convirtió en un duelo nacional y despertó la rabia de todos los sectores sociales hacia el indolente gobierno de Enrique Peña Nieto.
En un intento de salir al paso de la presión social, Peña Nieto creó una fiscalía especializada que difundió la famosa “Verdad Histórica”: los estudiantes fueron asesinados por integrantes del cártel Guerreros Unidos, después de ser entregados por policías municipales de Iguala y Cocula, sus cadáveres fueron incinerados y arrojados a un río.
La entonces PGR deslindó cualquier de participación al Ejército mexicano pese a las evidencias que documentaron periodistas y padres de los normalistas.
Nueve años después del suceso (el 17 de junio de 2023), la Agencia Reforma provocó una eclosión tras revelar que funcionarios de la División de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, en complicidad con la Unidad de Secuestros de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), “cuadraba” legalmente todas las detenciones que se realizarían dentro del caso Ayotzinapa.
La información formaba parte de las declaraciones rendidas ante la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, creada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por parte del testigo colaborador de la Fiscalía General de la República Eduardo Francisco Rodríguez Martínez, exdirector de Operaciones de Encubiertas de la PFP.
La División de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, de acuerdo con dicho testimonio, estaba encabezada por Ramón Pequeño García. El segundo en “la estructura de mando” era Carlos Alberto Flores, quien se desempeñaba como titular de la Coordinación de Operaciones Especiales (COE).
La COE, a su vez, se subdividía de la siguiente forma: Luis Flores Fierros, director General de Supervisión y Vigilancia; Ricardo Aranda Aguilar, director General de Reclutamiento y Manejo de Fuentes de Información; y Marcos Vicente González Monjaraz, director General de Operaciones Encubiertas e Infiltración.
En su relatoría, el testigo colaborador reveló que fue Carlos Alberto Flores el responsable de “cuadrar” con la SIEDO la captura de los implicados en el Caso Ayotzinapa.
Eso llevó, a decir del testigo, a que el 15 de enero de 2015 fuera detenido en Jiutepec, Morelos, Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, el número dos del cártel Guerreros Unidos y supuesto responsable de dar la orden de ejecutar a los estudiantes normalista en un basurero de la localidad de Cocula.
“Quiero manifestar que Carlos Flores ordenaba todas las detenciones, así como a mí me ordenó detener a El Cepillo, también sé que a Luis Flores Fierros y a Ricardo Aranda Aguilar les dio otras indicaciones de participar en diversas detenciones del Caso Ayotzinapa, pero desconozco cuáles fueron», declaró el testigo colaborador, según la Agencia Reforma.
¿Cuáles fueron esas indicaciones? Nadie lo sabe a ciencia cierta.
Follow the money
A pesar de que en mayo de 2018, Luis Flores Fierro enfrentó un nuevo escándalo a consecuencia de una denuncia penal por abuso sexual y agresiones en contra de una subordinada suya cuando se desempeñaba como comisario jefe de la Policía Federal, de la División Fuerzas Federales en la Coordinación de Operaciones Especiales, nadie lo persiguió.
Cuando te agreden sexualmente acudes a la policía, pero cuando es la policía quien te agrede, ¿qué puedes hacer? María tuvo que acudir a AMLO, luego de que su superior en la @PoliciaFedMx la acosara y sus denuncias y quejas no procedieran pic.twitter.com/0uRi3avF8W
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) August 14, 2018
Por el contrario, su relación con el Clan García Luna era inmejorable, aunque la llegada de Morena al poder desencadenó una limpia de todo lo que oliera al exsecretario de Seguridad Pública federal.
Andrés Manuel López Obrador activó todos los mecanismos de Estado para investigar los vínculos de García Luna con el narcotráfico, así como de los casos de corrupción que pudiera haber cometido.
Fue así que, el 9 de diciembre de 2019, el otrora poderoso secretario de Seguridad Pública federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue detenido en Houston, Texas, acusado por la justicia de ese país de colaborar y ofrecer protección al Cártel de Sinaloa, principalmente a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo.
Un primer indicio de esta protección podría hallarse en el cese del otrora jefe de Luis Flores Fierro al frente de División de Inteligencia de la PFP, Ramón Pequeño García, tras la fuga del Chapo Guzmán del penal del Altiplano, ocurrida el 11 de julio de 2015.
Pequeño, quien era uno de los hombres más cercanos a Luis Cárdenas Palomino, brazo derecho de García Luna, era el encargado del monitoreo de las cámaras de seguridad del penal donde estaba recluido el narcotraficante. Pero eso implicó que saliera de la corporación, sino que fue reubicado en la División Científica de la PFP.
En la PFE, Ramón Pequeño fue titular de la División de Seguridad Regional de 2008 a 2009; director de la División Antidrogas, de 2009 a 2013. De ahí fue enviado a la División de Inteligencia y, finalmente, a la División Científica.
Paralelo a la investigación de García Luna en Estados Unidos, el gobierno de López Obrador indagó las andanzas de los hombres más cercanos. Fue así que giró órdenes de aprehensión contra Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño por el delito de tortura. Solo el primero fue detenido.
No obstante, el 29 de junio de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se congelaran las cuentas de Ramón Pequeño debido a que tenían indicios de que era uno de los posibles implicados en operaciones internacionales de lavado de dinero.
La actuación del gobierno mexicano partió de una investigación que en ese momento desarrollaba la DEA y que consideraba al exdirector de la División Antidrogas como “pilar” de una red de corrupción y lavado de dinero.
El 30 de julio de 2020, el periodista de The New York Times, Alan Feuer, reveló que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó “a Ramón Eduardo Pequeño García y a Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de la División de Inteligencia para la Prevención del Delito y ex titular de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, respectivamente, por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa”, reportó el diario Noroeste.
Ante la debacle de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, el resto del Clan García Luna, encabezado por Carlos Alberto Flores —excoordinador de Operaciones Especiales de la División de Inteligencia de la PFP y señalado en el caso Ayotzinapa—, movió sus operaciones a Baja California, en diciembre de 2019.
Allí, los policías federales tomaron el control de la novísima Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GISE) de la Fiscalía General del Estado. Flores Fierro fue designado como titular de la Agencia Estatal de Investigación (antes Policía Ministerial), cargo al que renunció seis meses después (mayo de 2019), en medio de una opacidad total.
El 12 de octubre de 2020, el Semanario Z difundió un reportaje en el que reveló varias de las irregularidades que se endilgaban a los funcionarios GISE. Por ejemplo, en septiembre de ese año, fue difundida una carta anónima, dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, al entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño; al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero; al gobernador de BC, Jaime Bonilla Valdez; y al fiscal general del Estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández.
La carta denunciaba que “Carlos Alberto Flores, Luis Flores Fierros” y otros funcionarios de la GISE se habían “aprovechado a la institución para perpetuar la corrupción y las negociaciones con el narcotráfico de la región”, además de “robar droga y dinero de grupos antagónicos, haciendo extorsiones y cometiendo privaciones de la libertad de personas que se dedican a actividades ilícitas para exigirles la entrega de droga o dinero a cambio de liberarlos”, según el reportaje de Semanario Z.
Sobre Luis Flores, el rotativo asentó: “(En la carta) acusaron también que en la primera junta de comandantes de los diferentes municipios llevada a cabo en Tijuana, Luis Flores Fierros, quien llegó como coordinador de la AEI en Baja California, ‘reclamó exigiendo cuotas por el huachicol en Tecate, más participación por el decomiso de aviones que transportan droga en la Sierra de Ensenada, los cargamentos de droga que pasan por Mexicali con dirección a Tijuana, la fayuca de las aduanas, las recicladoras de carros robados, la prostitución en la Zona Norte y demás actividades ilícitas que, según Flores Fierros, debían ser controladas por la policía de investigación’”.
De su salida de la Agencia Estatal de Investigación en Baja California hasta agosto de 2023 poco se sabe de la trayectoria de Luis Flores Fierros.
Hasta que en septiembre de 2023 arribó a San Andrés Cholula, en la gestión de Edmundo Tlatehui Percino, esposo de la actual presidenta municipal Guadalupe Cuautle, por recomendación de Héctor Hernández Sosa, considerado como el principal asesor de la pareja panista y con la fuerza suficiente para imponer a sus alfiles en áreas claves de la administración municipal como Tesorería, Contraloría, Comunicación Social y la Secretaría Ejecutiva.
