El presidente colombiano Gustavo Petro eludió el miércoles a la oposición legislativa y firmó un decreto que convoca a los votantes a las urnas en agosto para decidir cambios a las leyes laborales del país, incluyendo si las jornadas laborales deben limitarse a ocho horas.
El decreto cumplió la amenaza de Petro al Congreso de someter a votación la reforma del sistema laboral si los senadores no aprobaban el referéndum de 12 preguntas. Petro emitió la medida en un clima político tenso tras el tiroteo del sábado contra el senador opositor y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un acto público.
El referéndum se ha convertido en el centro de largas tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Tras el rechazo del Congreso a la reforma laboral de Petro en dos ocasiones , la más reciente en marzo, este envió a los legisladores una propuesta de referéndum de 12 preguntas el 1 de mayo, ya que la ley colombiana exige que el Senado se pronuncie sobre la conveniencia de los referendos. Dos semanas después, el cuerpo legislativo votó 49 a 47 en contra de la medida, lo que llevó a Petro a acusar a los legisladores de fraude.
Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, ha acusado al Congreso de trabajar en contra de los intereses de los trabajadores y les ha pedido que se manifiesten en todo el país.
Las preguntas del referéndum incluyen si los trabajadores deberían recibir doble paga si trabajan durante los días festivos; si las jornadas laborales diurnas deberían terminar a las 6 p.m.; y si se deberían ofrecer contratos indefinidos a los trabajadores para priorizar la estabilidad laboral.
Los desacuerdos entre Petro y el Congreso se remontan al inicio de su mandato en 2022, pero se han agudizado a medida que busca consolidar su legado de cara a las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.
Uribe permanecía en estado crítico el miércoles tras ser baleado a plena luz del día el sábado durante un mitin político en la capital, Bogotá. Las autoridades que investigan el motivo no descartan que se trate de un ataque dirigido contra la oposición. También consideran si se trató de un intento de desestabilizar al gobierno actual o de una represalia de grupos armados ilegales.
En previsión de impugnaciones judiciales, Petro anunció el miércoles que su gobierno remitirá el decreto a la Corte Constitucional de Colombia para su revisión. Al mismo tiempo, el Consejo de Estado está considerando una demanda para anular la votación del Senado.
