El conflicto político en el Ayuntamiento de San Pedro Cholula dejó de ser un asunto interno y escaló a nivel estatal y federal. De entrada, en el Congreso del estado nada se sabe de la supuesta petición del Cabildo para destituir al síndico Iván Cuautle Minutti, aunque la presidenta Laura Artemisa García Chávez ya mandó un mensaje puntual: para intervenir, primero debe haber una petición expresa y, sobre todo, una sanción directa en contra del abogado del pueblo cholulteca.
Esto no es circunstancial. Para proceder a la suspensión o revocación de mandato del síndico cholulteca, el Congreso local no puede actuar por dichos o señalamientos, sino que debe existir una resolución firme por parte de una autoridad competente -en este caso la Contraloría municipal- y que justifique una “causa grave”, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal.
De lo contrario, explicaron especialistas, la LVII legislatura local correría el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia, violaría los derechos políticos-electorales de Cuautle Minutti y prejuzgaría un asunto que no le corresponde.
Pese a este primer coscorrón en el Congreso del estado, la alcaldesa Tonanzin Fernández recibió un espaldarazo de toda la fracción poblana de Morena y sus aliados en San Lázaro, quienes manifestaron su respaldo total a las acciones contra el síndico.
Trascendió que el comunicado firmado por 17 diputados federales fue cabildeado por Eurípides Flores, director jurídico de la Secretaría de Educación Pública federal y exdirigente temporal de Morena en Puebla, quien fue compañero de generación de la presidenta municipal cholulteca en la carrera de derecho en la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
En el pronunciamiento, diputados federales de Morena, PT y PVEM expresaron su respaldo a la presidenta municipal Tonantzin Fernández y a su política de “cero tolerancia a la corrupción”, en una muestra de respaldo político nacional al Ayuntamiento cholulteca.
Los legisladores federales retomaron incluso el discurso de la Cuarta Transformación, en el sentido de que “no hay medias tintas ni concesiones frente a la corrupción” y expresaron confianza en que esclarecerá los hechos y habrá sanciones para las personas involucradas en actos de corrupción.
“Como ha señalado nuestra Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo: ‘No vamos a proteger a nadie nunca y vamos a actuar siempre en el marco de la ley’. Reconocernos el compromiso del Cabildo Municipal para garantizar la continuidad de los servicios públicos en beneficio del Pueblo Cholulteca, y confiamos en los mecanismos institucionales para deslindar responsabilidades y sancionar a quien resulte responsable”, expresaron en el comunicado.
Congreso no puede intervenir
A pesar del espaldarazo, la destitución del síndico Iván Cuautle Minutti se mantiene en pausa, toda vez que el Legislativo no puede intervenir de manera formal hasta que la Contraloría municipal emita una resolución concluyente sobre las acusaciones en su contra.
Así lo confirmó la diputada Laura Artemisa, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, al precisar que hasta el momento no ha llegado ninguna notificación oficial desde el Ayuntamiento que permita al Congreso actuar conforme a la ley.
“Yo invitaría a las autoridades municipales a tomar las riendas de un tema que corresponde a la gobernabilidad de su Ayuntamiento. El contralor debería estar desahogando una investigación exhaustiva respecto a este tema, que no es un tema menor”, expuso.
Actualmente, el síndico enfrenta señalamientos por supuestamente haber influido para que el Ayuntamiento perdiera juicios legales, a cambio de beneficios económicos. Sin embargo, mientras no exista una resolución administrativa firme, el Congreso está impedido legalmente para iniciar un procedimiento en su contra.
De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, en los artículos 56, 58 y 59, el Congreso del Estado sólo puede intervenir en casos de funcionarios electos como síndicos o presidentes municipales cuando se han acreditado faltas graves que afecten el interés público o el funcionamiento del Ayuntamiento, y siempre respaldadas por resoluciones de instancias administrativas o judiciales.
Esto significa que una solicitud del Cabildo, por sí sola, no basta. Es necesario que exista una resolución del Órgano Interno de Control, en este caso de la Contraloría de San Pedro Cholula, que confirme la existencia y gravedad de las faltas imputadas al síndico.
Además, cualquier actuación del Congreso debe respetar el principio de presunción de inocencia, así como los derechos político-electorales del funcionario involucrado.
En medio de este proceso, Iván Cuautle acudió recientemente al Congreso del Estado. Aunque aseguró que su visita fue únicamente para participar en un foro, aprovechó para señalar presuntas irregularidades dentro del propio Cabildo.
Afirmó que algunos regidores que votaron a favor de su remoción recibieron beneficios económicos y favores administrativos, como descuentos en restaurantes o en permisos de Desarrollo Urbano.
También adelantó que presentará denuncias formales ante distintas instancias, incluida la propia Contraloría, aunque aseguró que esta dependencia opera bajo intereses políticos contrarios a él.
Cuautle también responsabilizó a la Dirección de Normatividad del operativo realizado en el Mercado Cosme del Razo el pasado 8 de julio, negando haber tenido injerencia directa en dicha acción.
Finalmente, denunció un presunto déficit de más de 9.5 millones de pesos en las finanzas municipales, y señaló anomalías en áreas como Tesorería, Gobernación, Normatividad y la propia Contraloría.
