La Cámara de Diputados dio inicio este miércoles a la discusión de dos dictámenes que buscan establecer la Ley General del Sistema de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad. Estas reformas han sido señaladas por la oposición y organizaciones civiles como «leyes espionaje», debido a los riesgos que podrían representar para la privacidad ciudadana.
¿De qué tratan estas leyes?
La Ley General del Sistema de Seguridad Pública busca establecer un marco normativo integral para la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales en materia de seguridad. Incluye mecanismos para compartir información, homologar protocolos de actuación y fortalecer el trabajo conjunto en tareas preventivas y de respuesta ante delitos.
Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad está orientada a regular las actividades de inteligencia del Estado mexicano. Su propósito es mejorar la capacidad de detección, análisis y reacción frente a amenazas a la seguridad nacional, pública y del Estado, como el crimen organizado, el terrorismo o los ciberataques. Sin embargo, contempla mecanismos que permiten el acceso a información personal sin la necesidad de una orden judicial, lo que ha generado polémica.
¿Qué propone la reforma?
Entre las medidas contempladas se encuentra la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil, que permitiría a las instituciones de seguridad pública acceder a datos personales vinculados a una línea telefónica. Esto incluye el nombre del usuario, su identificación oficial, la Clave Única de Registro de Población (CURP), y en el caso de empresas, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC). El objetivo, según los promoventes, es facilitar investigaciones en delitos como extorsión, secuestro o amenazas.
Conoce las dos leyes que dotarán a la @SSPCMexico de herramientas jurídicas para actuar con mayor eficacia, y que hoy discutiremos en la @Mx_Diputados (Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Ley de Coordinación en inteligencia e investigación):
🔗 https://t.co/6psZFjcMbg— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 25, 2025
Críticas desde la academia y la sociedad civil
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han expresado su preocupación, advirtiendo que estas medidas «permitirán legalizar el espionaje militar» y podrían utilizarse para vigilar a activistas, periodistas u opositores políticos, como ya ha ocurrido en el pasado con herramientas como Pegasus.
Para el politólogo Javier Martín Reyes, la iniciativa “vuelve difusas las fronteras entre inteligencia civil y militar, al no establecer mecanismos de control democrático ni garantías judiciales sobre el uso de la información recopilada”. En su opinión, “se crea un andamiaje legal que abre la puerta a la vigilancia sin supervisión ni rendición de cuentas”.
La constitucionalista Ana Laura Magaloni advierte que “aunque la seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar, no puede hacerse a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estas leyes violan principios básicos del debido proceso y la protección de datos personales consagrados en la Constitución y tratados internacionales”.
Un debate sobre seguridad y libertades
Desde el oficialismo, los legisladores defensores de las reformas aseguran que no se trata de espionaje, sino de mejorar las capacidades del Estado para anticiparse al crimen y garantizar la seguridad nacional. No obstante, expertos insisten en que el problema no es la vigilancia en sí misma, sino la falta de controles, transparencia y mecanismos de defensa ciudadana frente a posibles abusos.
Se prevé que, tras la discusión en el pleno, se convoque a votación de estas reformas durante el transcurso del día. El debate promete ser intenso, en un contexto donde la delgada línea entre seguridad y derechos civiles vuelve a estar en el centro de la discusión pública.
#LeyEspia
Morena está impulsando una serie de reformas profundamente peligrosas que
atentan directamente contra tu privacidad, tu libertad y tus derechos ciudadanos.
Estas reformas son la Ley Espía, e incluyen:Reforma en materia de Guardia Nacional que la convierte de manera… pic.twitter.com/EO16uVTeus
— Miguel Monraz (@Miguel_Monraz) June 25, 2025
Discusión trasciende a las calles
Organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) han expresado su preocupación, advirtiendo que estas medidas «permitirán legalizar el espionaje militar» y podrían utilizarse para vigilar a activistas, periodistas u opositores políticos, como ya ha ocurrido en el pasado con herramientas como Pegasus.
Para el politólogo Javier Martín Reyes, la iniciativa “vuelve difusas las fronteras entre inteligencia civil y militar, al no establecer mecanismos de control democrático ni garantías judiciales sobre el uso de la información recopilada”. En su opinión, “se crea un andamiaje legal que abre la puerta a la vigilancia sin supervisión ni rendición de cuentas”.
La constitucionalista Ana Laura Magaloni advierte que “aunque la seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar, no puede hacerse a costa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Estas leyes violan principios básicos del debido proceso y la protección de datos personales consagrados en la Constitución y tratados internacionales”.
Desde el Gobierno, los legisladores defensores de las reformas aseguran que no se trata de espionaje, sino de mejorar las capacidades del Estado para anticiparse al crimen y garantizar la seguridad nacional. No obstante, expertos insisten en que el problema no es la vigilancia en sí misma, sino la falta de controles, transparencia y mecanismos de defensa ciudadana frente a posibles abusos.
Se prevé que, tras la discusión en el pleno, se convoque a votación de estas reformas durante el transcurso del día. El debate promete ser intenso, en un contexto donde la delgada línea entre seguridad y derechos civiles vuelve a estar en el centro de la discusión pública.
