La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, en lo general, la reforma al artículo 127 constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la que se busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” de altos funcionarios públicos.
Con 458 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, legisladores de todas las fuerzas políticas —Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y aliados— respaldaron la iniciativa, considerada una de las principales apuestas del actual gobierno en materia de austeridad.
La reforma establece que ninguna pensión otorgada a exservidores públicos de alto nivel podrá superar el 50% del salario del Presidente de la República, lo que actualmente representa un tope cercano a los 70 mil pesos mensuales netos.
La medida aplicará a funcionarios de dependencias federales, organismos autónomos, así como empresas productivas del Estado como Pemex, CFE y el Banco de México, entre otras instituciones públicas.
Con esta modificación se pretende frenar casos en los que exdirectivos y altos mandos perciben pensiones que oscilan entre los 300 mil y más de un millón de pesos mensuales, lo que ha sido objeto de críticas por el uso de recursos públicos.
El dictamen será discutido ahora en lo particular y, de ser aprobado, deberá pasar a los congresos estatales para su ratificación antes de su eventual promulgación.
