La detención de Jaciel Antonio N en Uruapan se integró al despliegue del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, donde participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad de Michoacán.
Las instituciones ubicaron al hombre como operador de una red que captaba personas internadas en centros de rehabilitación para insertarlas en células criminales que operan en distintos puntos del municipio, aprovechando su vulnerabilidad y su dependencia de esos espacios para someterlas a tareas ilícitas.
Las indagatorias de la Fiscalía estatal identificaron a Jaciel Antonio N como responsable de reclutar a dos individuos que participaron en el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, asesinado el 29 de octubre durante un recorrido en calles del municipio.
La reconstrucción del ataque mostró que la célula que ejecutó la agresión contaba con una estructura previa que incluía a personas captadas en esos centros y desplazadas a zonas periféricas donde recibían instrucciones y eran utilizadas para labores de vigilancia, traslado o acompañamiento en las fases operativas de la agresión.
El operativo de captura se ejecutó tras obtener datos de localización que confirmaron la presencia del presunto reclutador en un punto que era vigilado por unidades de inteligencia. Las fuerzas federales y estatales intervinieron con el objetivo de evitar riesgos a la población y asegurar el perímetro donde se encontraba el hombre señalado por su participación en el proceso de cooptación.
La detención se cumplió sin incidentes y permitió corroborar la identidad del hombre buscado, lo que abrió la ruta para integrarlo a la carpeta de investigación.
Los informes iniciales indicaron que Jaciel Antonio N mantenía contacto directo con integrantes de la célula que planificó el ataque contra el alcalde, y que utilizaba métodos de coerción y presión psicológica para controlar a las personas reclutadas en los centros de rehabilitación. Las autoridades confirmaron que los internos eran trasladados de manera discreta a casas utilizadas por el grupo criminal, donde se les imponían instrucciones que iban desde tareas de vigilancia hasta participación directa en acciones violentas, lo que mostró un esquema de explotación sistemática.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la captura constituye un paso relevante para desarticular la estructura que operó detrás del crimen contra el presidente municipal. La dependencia señaló que la investigación continuará para identificar a quienes financiaron, ordenaron o encubrieron el ataque, pues la agresión contra una autoridad municipal exige una respuesta integral que avance hacia la identificación de todo el entramado criminal y la eliminación de los mecanismos de reclutamiento forzado que afectan distintas zonas de Michoacán.
