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Iván Rivera
En medio del eco de las turbinas del pasado, entre cables olvidados y estructuras oxidadas de lo que alguna vez fue el orgullo eléctrico del centro del país, un nuevo escándalo sacudió al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). La acusación no es menor: robo de energía eléctrica —el llamado huachicoleo eléctrico— presuntamente cometido desde sus propias instalaciones en Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
Y esta vez, quienes levantan la voz no son ajenos: son extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, que alguna vez fueron parte del mismo gremio.
La denuncia pública explotó luego de que la revista Proceso revelara que la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, detectaron un consumo irregular de energía en las instalaciones del SME, en la división de Nuevo Necaxa en Puebla. Se trataba de una supuesta granja de criptomonedas, famosa por su voracidad energética.
Ramón Pacheco, líder del Frente Amplio de Unidad “Jorge Tapia Sandoval” AC, una organización disidente del SME, no se anduvo por las ramas. En entrevista con Desde la Silla, declaró que el caso va más allá de un simple “diablito” conectado a la red eléctrica.
“Este tipo de granjas consumen cantidades colosales de electricidad. Estamos hablando de instalaciones industriales que no pudieron haberse mantenido sin conocimiento de la dirigencia sindical. Además, involucra a la planta generadora de Necaxa, que fue entregada en comodato en 2013 a los líderes del SME. Y ese es un bien nacional. No se puede usar para fines particulares ni, mucho menos, para lucrar”, sentenció.
Según Pacheco, el comodato que entregó el gobierno de Enrique Peña Nieto a Martín Esparza y su cúpula sindical incluía más de 40 predios, plantas generadoras y 150 vehículos, todos bajo el supuesto argumento de apoyar la reinserción laboral de los electricistas tras la extinción de LyFC.
Pero lo que comenzó como una concesión con fines sociales, acusa el Frente Amplio, terminó siendo una licencia para saquear.
La acusación de la disidencia no se limita al robo de energía. Según Pacheco, los bienes entregados en 2013 se han convertido en fuentes de enriquecimiento ilícito para un grupo muy reducido dentro del sindicato.
Los inmuebles, asegura, han sido rentados a empresas privadas —incluyendo presuntamente a quienes operaban la granja de criptomonedas—, lo que constituye una violación directa a la Ley Federal del Trabajo, que prohíbe usar instalaciones sindicales con fines de lucro.
“Eso es una violación instalaciones sindicales se rigen por la Ley Federal del Trabajo y no pueden ser utilizados para fines de lucro, entonces es una maraña de probables ilegalidades. La posición de nosotros, que somos disidentes del sindicato, es llevar el caso a las autoridades para que intervengan y puedan hacer una investigación amplia”, expuso.
Los bitcoins del SME
Este martes, el Frente Amplio de Unidad presentó una denuncia formal en la alcaldía Coyoacán, en la sede del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), la instancia encargada de vigilar el uso correcto de los bienes de la nación.
Lejos de ser un hecho aislado, el Frente Amplio asegura que existen otras instalaciones de CFE repartidas en diferentes estados que están siendo utilizadas con fines comerciales por la dirigencia del SME.
“Queremos que esto no se quede como un simple ‘periodicazo’. Vamos a entregar las pruebas, fotografías y testimonios, no solo de lo que ocurre en Puebla, sino de otras plantas como la de San Simón, donde también hay evidencia de actividades sospechosas”, explicó Ramón Pacheco.
Pero en este conflicto, Ramón Pacheco no está solo. Mario Benítez, vocero del Frente, detalló que exigirán investigaciones en al menos 28 predios que ostentan los líderes del SME según el Diario Oficial de la Federación (DOF), de un total de 49 inmuebles que tendrían en su poder.
“Metimos un documento, se levantó una minuta de trabajo, y ellos (el INDAABIN) se comprometieron a revisar los predios. Según el artículo 93 de la Ley Federal de Bienes Nacionales, si no se están usando para el fin convenido, deben ser devueltos”, explicó.
El eje más alarmante de la denuncia, explicó, apunta a la existencia de granjas de criptomonedas instaladas en predios sindicales en distintas partes del país. Estas instalaciones, que requieren una altísima demanda de electricidad, estarían operando desde al menos cuatro puntos: Necaxa (Puebla), Alameda y San Simonito (Estado de México), y Juandho (Hidalgo).
“Generar una sola moneda virtual requiere 450 mil kilowatts hora. Eso en dinero es 1.8 millones de pesos”, explicó Benítez. El problema es que toda esa energía, acusó, fue robada: “Estuvieron trabajando todo el año y no pagaron nada porque se robaron la luz. Es un huachicol eléctrico”.
Diferentes formas de saqueo
Mario Benítez acusó que las criptomonedas son solo la punta del iceberg. Los predios en comodato otorgados al SME también se habrían usado para pensiones de tráileres, fábricas de plásticos, estacionamientos y bodegas, todo con fines lucrativos.}
Uno de los ejemplos más recientes es el de una fábrica de plásticos incendiada hace apenas unos días en la carretera Lechería-Texcoco, rumbo a las pirámides de Teotihuacán.
“Ese predio también le fue otorgado a Martín Esparza. Ahí funcionaba una fábrica, una actividad lucrativa totalmente ilegal”, detalló.
Hasta ahora, las autoridades han guardado silencio. El único indicio de acción fue el operativo conjunto de la Guardia Nacional que cortó la energía en Necaxa. Pero no hubo detenciones ni consecuencias.
