Estados Unidos anunció este martes la designación de la pandilla Barrio 18, presente en varios países de América Central, como organización terrorista extranjera, lo que permite al gobierno ampliar las medidas de represión.
«Barrio 18 es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras», detalló el comunicado del Departamento de Estado.
«Estados Unidos continuará protegiendo a nuestra nación evitando que las drogas ilícitas lleguen a nuestras calles y desarticulando las fuentes de ingresos que financian la actividad violenta y criminal de pandillas y cárteles de drogas», añadió.
La designación como organizaciones terroristas es un paso sustancial que permite a Estados Unidos operar con más margen de represión fuera del país, de acuerdo a sus propias leyes.
Washington nombró en febrero a seis cárteles mexicanos, a la banda venezolana Tren de Aragua y a la pandilla MS-13 Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció a Estados Unidos por la designación de Barrio 18 y afirmó que esa pandilla con sus crímenes ha «infligido tanto daño» a ambos países.
Bukele también señaló que en el caso de El Salvador «la mayoría» de miembros de esa pandilla se encuentran presos en el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), símbolo de la «guerra» que su gobierno lanzó contra esas agrupaciones desde marzo de 2022 y que es criticada por los organismos de defensa de los derechos humanos.
Como la Mara, Barrio 18 se dedica a extorsionar a comerciantes y empresarios de transporte de pasajeros en Guatemala y Honduras.
Al igual que la Mara Salvatrucha, la Barrio 18 fue fundada en Los Ángeles por hispanos. Cuando pandilleros centroamericanos fueron deportados, llevaron las bandas a El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que transformó a estos países entre los más violentos del mundo.
La designación de «terrorista» fue invocada por Washington para justificar los ataques con misiles contra lanchas que supuestamente transportan droga en el Caribe, entre las costas venezolanas y países vecinos.
En esos ataques, cuya constitucionalidad es puesta en duda por expertos militares en Estados Unidos, han muerto al menos 14 personas.
