La infiltración del crimen organizado en la Policía Municipal de Puebla no fue marginal ni fortuita: tres de los elementos detenidos por su presunta vinculación con el grupo criminal conocido como “La Barredora” ocuparon posiciones estratégicas dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), desde donde operaron durante años con amplias ventajas y control interno.
Así lo confirmó el titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, al señalar que los policías detenidos, contratados en administraciones pasadas, desempeñaron funciones clave como mando de zona, integrante de la Unidad de Fuerzas Especiales y personal de Asuntos Internos, áreas que sirvieron para proteger al grupo criminal, filtrar información y sabotear operativos oficiales.
Desde esos espacios, los agentes traicionaron la confianza institucional y contribuyeron a fortalecer a “La Barredora”, brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que evidenció una penetración profunda y estructural del crimen organizado en la corporación municipal.
Pallares Miranda aseguró que, desde su llegada al cargo en marzo de 2025, inició un relevo constante de mandos mediante evaluaciones semanales de desempeño, incidencia delictiva y resultados operativos.
Informó que, desde el inicio de la administración del alcalde Pepe Chedraui, fueron removidos 24 mandos por diversas irregularidades, principalmente por faltas de disciplina y procedimientos policiales inadecuados.
No obstante, el número de destituciones abrió interrogantes sobre el nivel de control, supervisión y responsabilidad que existía en los niveles de mando antes de que estallaran los casos más graves.
Como parte de la estrategia de dignificación policial, la SSC apostó por mejorar las condiciones laborales como un antídoto frente a la corrupción.
Pallares recordó que en 2024 se autorizó un incremento salarial de 9 por ciento y que se analizan nuevos aumentos, bajo el argumento de que mejores ingresos reducen la tentación de colusión con el crimen organizado; a ello se sumaron bonos, como el otorgado con motivo del Día del Policía, y otros apoyos económicos orientados a fortalecer la moral interna.
Otro de los ejes anunciados fue el sistema de ascensos por meritocracia, implementado mediante convocatorias públicas para evitar actos de corrupción; de acuerdo con la SSC, solo accedieron a promociones quienes cumplieron requisitos médicos, de conocimientos y disciplina.
El operativo Cofradía
El 9 de enero, un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Defensa, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal derivó en la detención de Hugo N., Atanacio N. y Rocío N., servidores públicos de la SSC, así como de Ana Belem N., civil presuntamente vinculada con la misma red criminal; las detenciones ocurrieron dentro de las propias instalaciones de la corporación, un hecho que expuso la dimensión del problema.
Las autoridades establecieron que los detenidos participaron directamente en el homicidio de dos policías municipales ocurrido el año pasado, cuando resguardaban la zona del líder criminal conocido como “El Sauce”; además, utilizaron su posición para proteger a “La Barredora” y entorpecer investigaciones relacionadas con homicidios, distribución de droga y delitos de alto impacto.
A estos casos se sumaron detenciones previas de otros elementos municipales adscritos a Tránsito, Ciclopolicías y áreas operativas; de acuerdo con la Fiscalía, el 31 de julio de 2025 fueron detenidos Diego N., Lucero N., José Manuel N. e Ismael N., exfuncionarios identificados como parte de la misma estructura criminal, dedicada a generar caos institucional para frenar investigaciones y proteger operaciones ilícitas.
Finalmente, Pallares Miranda aseguró que 98 por ciento de los elementos de la Policía Municipal cuenta con evaluación de control y confianza vigente, con una duración de tres años, y que existe coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad para actualizar dichos exámenes.
