La Corte Suprema de Estados Unidos avaló este viernes que el gobierno de Donald Trump ponga fin de forma inmediata a las protecciones humanitarias otorgadas a más de 500 mil personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes podrían ser deportadas en cualquier momento.
El fallo anula una orden previa emitida por la jueza federal Indira Talwani, que bloqueaba temporalmente la cancelación del programa mientras se resolvía el litigio de fondo. El alto tribunal no resolvió el caso, pero su decisión permite que las deportaciones comiencen mientras el expediente sigue su curso en el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en Boston.
Además, la Corte Suprema avaló otra resolución que elimina el estatus legal temporal de 350 mil venezolanos bajo el mismo esquema, elevando el universo de afectados a cerca de un millón de personas. Estos permisos habían sido concedidos bajo una figura de libertad condicional humanitaria utilizada por el presidente Joe Biden desde 2022, y se otorgaban a personas que llegaban a Estados Unidos por vía aérea, contaban con un patrocinador económico y huían de contextos de violencia e inestabilidad.
La administración Trump presentó un recurso de urgencia ante la Corte luego de que la jueza Talwani concluyera que revocar de manera masiva dichas protecciones forzaría a miles de familias a enfrentar la disyuntiva entre salir del país o perderlo todo. El argumento de la Casa Blanca fue que el programa fue concedido con criterios discrecionales y sin aprobación legislativa, por lo que podía revertirse sin necesidad de análisis individualizados.
En disidencia, la jueza Ketanji Brown Jackson escribió que “las vidas de medio millón de migrantes se deshacen a nuestro alrededor antes de que los tribunales decidan sobre sus reclamaciones legales”. Su opinión fue respaldada por Sonia Sotomayor, quien también alertó sobre las implicaciones sociales y jurídicas de una decisión que no resuelve el fondo, pero sí produce consecuencias inmediatas.
El procurador general John Sauer, en representación del gobierno, argumentó que resolver cada caso uno por uno sería una “tarea gargantuesca” que bloquearía los esfuerzos federales para acelerar las expulsiones. Añadió que la administración Biden abusó de la figura de libertad condicional, y que el Departamento de Seguridad Nacional conserva la facultad de revertirla sin intervención judicial.
La política migratoria vuelve así al centro del debate en plena campaña presidencial, en la que Trump ha prometido deportar a millones de personas si regresa a la Casa Blanca. Para sus detractores, la decisión marca un precedente peligroso y configura la revocación colectiva más amplia del permiso humanitario desde su creación en 1952.
