La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asestó un revés definitivo a Iván Cuautle Minutti, al desechar la controversia constitucional con la que buscaba recuperar el cargo de síndico municipal de San Pedro Cholula, lo que marca como legal su suspensión.
El máximo tribunal del país resolvió el 30 de octubre desechar la controversia 253/2025, al considerar improcedente la demanda del exfuncionario, quien fue suspendido tras ser vinculado a proceso por el delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad.
Con esta decisión, Cuautle Minutti queda sin opciones legales inmediatas para regresar al cargo, cerrando de manera contundente su intento de reinstalación en la administración municipal encabezada por Tonantzin Fernández Díaz.
A inicios de octubre, el exsíndico promovió un juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado como SUP-JDC-2446/2025, en el que se ostentó como síndico municipal pese a estar suspendido del cargo.
En su recurso, argumentó que su separación fue ilegal, al igual que el nombramiento de José Alexis Domínguez Alcudia como nuevo síndico de San Pedro Cholula, designación que se realizó el 27 de septiembre, un día después de que un juez penal lo vinculó a proceso.
Cuautle sostuvo que los regidores carecían de facultades para removerlo de su responsabilidad como “abogado del pueblo”, ya que, según su interpretación, la ley exige causas calificadas como graves para proceder a una suspensión.
No obstante, la Corte no sólo desestimó sus argumentos jurídicos, sino que también dio validez plena a las decisiones del Cabildo, reforzando la legitimidad del Ayuntamiento cholulteca frente a los intentos de judicializar una disputa con tintes políticos.
El origen del conflicto
El caso de Iván Cuautle tuvo su origen en denuncias presentadas por locatarios del mercado Cosme del Razo, quienes lo acusaron de negociar espacios comerciales con personas ajenas al municipio, lo que generó malestar entre comerciantes y autoridades locales.
La tensión escaló el 8 de julio, cuando un grupo armado, presuntamente ligado a la organización «28 de octubre», irrumpió en el mercado, exigiendo un «cobro de piso» con el propósito de forzar la renuncia de los administradores y tomar el control del centro de abasto.
La Policía Municipal intervino para contener la agresión y detuvo a nueve de los atacantes. Días después, trascendió de manera extraoficial que el grupo habría entregado al síndico un millón y medio de pesos a cambio del control del mercado, lo que agravó las acusaciones en su contra.
En respuesta, los locatarios iniciaron protestas y participaron en mesas de diálogo con la presidenta municipal Tonantzin Fernández, a quien solicitaron actuar con firmeza contra Cuautle Minutti, acusándolo de incumplir compromisos, proteger a los responsables del ataque y actuar en contra de los intereses del municipio.
