En sesión semipresencial, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa presentada por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, que modifica la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el propósito de garantizar que la cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales se realicen sin trabas, sin costos ocultos ni trámites prolongados.
La reforma, que fue enviada al Senado para su ratificación, establece que la cancelación de las tarjetas deberá completarse en un plazo máximo de tres a cinco días hábiles a partir de la solicitud del usuario, sin cobro alguno y con la obligación de emitir una constancia física o digital que acredite la terminación del contrato. También prohíbe que las instituciones financieras generen comisiones disfrazadas de seguros o membresías no autorizadas.
De acuerdo con el dictamen, el Banco de México incorporará nuevas disposiciones de carácter general para regular las comisiones y evitar distorsiones en las prácticas de intermediación financiera. Estas normas deberán garantizar transparencia, claridad y protección al usuario. Además, las entidades emisoras estarán obligadas a ofrecer mecanismos de cancelación accesibles de manera presencial, telefónica o digital, con disponibilidad permanente en portales, aplicaciones y banca en línea.
Monreal Ávila destacó que con esta reforma se busca garantizar que el derecho de cancelación sea efectivo y libre de abusos, pues durante años los usuarios enfrentaron obstáculos impuestos por bancos o comercios que pretendían retener clientes mediante cobros indebidos o dilaciones. Señaló que muchos consumidores recibían tarjetas no solicitadas, acumulaban cargos automáticos y terminaban en el buró de crédito sin haber activado el servicio.
El legislador y presidente de la Junta de Coordinación Política subrayó que la práctica de enviar plásticos sin autorización y de aplicar comisiones sin consentimiento constituye una violación a los derechos de los usuarios financieros. “Estas nuevas normas son indispensables para proteger a las personas, ya que es muy común recibir tarjetas o publicidad sin solicitarlas. De esto trata la reforma”, expresó.
Paralelamente, el Senado de la República aprobó por unanimidad otra modificación legal que fortalece la Ley Federal de Protección al Consumidor, orientada a eliminar los plazos forzosos y penalizaciones económicas para quienes deseen cancelar contratos de servicios digitales. Esta medida aplica a proveedores de telefonía móvil, televisión de paga, internet, plataformas de streaming y software.
El dictamen, que será remitido al Ejecutivo federal para su promulgación, obliga a las empresas a ofrecer mecanismos de cancelación inmediata, clara y gratuita, sin cargos ni requisitos excesivos. También deberán informar de forma destacada los cobros automáticos recurrentes, su monto, periodicidad y fecha de cargo, así como notificar cualquier renovación automática con al menos cinco días de anticipación.
La senadora Cynthia López Castro señaló que la reforma responde al auge del comercio digital y a la necesidad de proteger a los consumidores frente a sus abusos. Recordó que durante 2024 la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió más de 20 mil quejas por dificultades para cancelar suscripciones o contratos digitales. “Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo. Lo fácil no puede ser sólo pagar, también debe ser cancelar”, enfatizó.
Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, afirmó que la disposición representa un avance histórico frente a las prácticas abusivas del comercio digital y restablece equilibrio entre proveedores y usuarios. Con la nueva norma, la Profeco tendrá facultades para imponer sanciones de hasta tres millones de pesos a las empresas reincidentes o que obstaculicen el derecho a cancelar.
Expertos en derecho digital coincidieron en que las reformas colocan a México a la altura de países como España, Chile y Canadá, donde el principio de “cancelación fácil” ya es obligatorio. Para los usuarios, los cambios significan el fin de años de prácticas abusivas y la posibilidad de decidir libremente sobre sus finanzas y servicios. Según la Asociación de Internet MX, más del 70 por ciento de los mexicanos mantiene alguna suscripción digital y 40 por ciento ha intentado cancelarla sin éxito, una problemática que ahora deberá corregirse.
Las dos reformas, aprobadas de manera consecutiva por ambas cámaras, reflejan una nueva etapa en la legislación mexicana en favor de los consumidores. Mientras la primera fortalece los derechos financieros, la segunda protege la economía digital, en un contexto donde las relaciones de consumo se han trasladado a plataformas tecnológicas y bancarias que requieren mayor vigilancia y transparencia.
