La regulación de la inteligencia artificial (IA) es tema de debate en todo el mundo y México no es la excepción. En febrero de 2025, líderes y expertos globales en la materia se dieron cita ¬–por primera vez– para plantear fundamentos científicos, soluciones y normativas para que esta tecnología sea más sostenible, pues además de ser una herramienta poderosa, es una fuente de dilemas éticos y legales.
Pedro Salazar Ugarte, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la IA no es en realidad algo nuevo, pues ya desde mediados del siglo XX se buscaba que las máquinas generaran razonamientos similares a los del humano. En 2022, hubo un avance exponencial y surgieron los primeros modelos de IA generativa capaces de crear texto, imagen y sonido a velocidades impresionantes, lo cual nos ha llevado a reflexionar sobre las implicaciones de ello.
“El principal desarrollador –y quien todavía tiene el liderazgo– es Estados Unidos. En el pasado hubo algunos intentos de establecer normas, pero el gobierno estadounidense actual tiene una política de cero regulación. Por su parte, los marcos regulatorios para la IA en Europa siguen una lógica de riesgo y han colocado algunos derechos, como la privacidad y los datos personales, en el centro de la ecuación”, explica.
Otro país relevante es China, que ha logrado avances similares a los de EU a un costo menor. El gigante asiático regula sus desarrollos en tecnología con una visión geopolítica que pone como destinatario principal al pueblo chino, con la meta de ser líder global en 2030.
¿Cómo regular la IA en México?
Entre 2016 y 2017, México fue el primer país en poner a debate la importancia de la IA; por lo que deberíamos retomar aquel discurso estratégico y llevarlo a los foros internacionales donde se aborda el tema. “Se han formulado múltiples iniciativas en ambas cámaras del Congreso, con mayor o menor tino, pero ninguna ha prosperado ya que no podemos proceder en la materia sin antes preguntarnos por qué queremos regular la inteligencia artificial y qué es lo que deseamos normar de ella”.
Uno de los principales puntos a discutir es cómo innovar sin vulnerar los derechos de las personas. Mientras algunos argumentan que una regulación excesiva frenaría el desarrollo tecnológico en el país, otros advierten que la falta de normas transparentes podría generar abusos y desigualdades. “Necesitamos reglas claras que protejan a los ciudadanos sin ahuyentar la inversión en tecnología”, declara Salazar.
